Al analizar el proyecto de ley de reforma a la educación superior, se puede evidenciar que ignora el aporte de las universidades regionales al desarrollo de los territorios y a la descentralización, ya que en ninguno de sus articulados se le vincula como parte de un sistema al servicio de las regiones. El diagnóstico omite que las universidades en regiones contribuyen de manera especial en contextos de mayor vulnerabilidad socioeconómica, menor capital escolar y con mayores costos relativos asociados a procesos de nivelación para asegurar un tránsito exitoso de la vida universitaria de los estudiantes. En ningún caso se le plantea a estas instituciones desafíos y objetivos en torno a contribuir a la reducción de inequidades socio territoriales y a la concentración espacial que sufre el país.

Respecto del sistema común de acceso a las instituciones de educación superior, resulta negativo que la nueva institucionalidad "Subsecretaría de Educación Superior" administre el sistema y que el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas sea un mero colaborador, donde el control del sistema queda sujeto al gobierno de turno, afectando el rigor técnico y credibilidad. Lo pernicioso sería que este mecanismo sólo se aplique a las instituciones que reciban recursos públicos y el resto del sistema opere con total libertad y sin regulación. Lo que sí resulta positivo es que se propongan programas especiales de acceso; esto es indicativo de la voluntad de construir una política inclusiva y de acceso, pero resulta conveniente explorar nuevas dimensiones. Asimismo, se hace conveniente innovar en sistemas de movilidad y armonización curricular para que estudiantes de formación técnica accedan al sistema universitario.

En materia de financiamiento se hace fundamental modificar el actual paradigma centrado en el mercado, donde vía " voucher "se somete a las universidades a una lógica de mercado y de corto plazo. Esta orientación actual de la política renuncia a políticas de Estado para impulsar objetivos nacionales /regionales de largo plazo, y este proyecto de ley lo debiera corregir. Resulta inadecuado que se elimine el Aporte Fiscal Directo que si bien tiene inequidades, es un aporte basal previsible, ya que al crear un fondo de investigación y creación artística "concursable", ingresan todas las instituciones que accedan a gratuidad, disputándose los mismos recursos. En el esquema de financiamiento propuesto no se plantea ningún tipo de financiamiento que compense la superación de brechas académicas, costo de vida regional, compensación de carreras vitales para el desarrollo regional con menor matrícula o mayores costos.

Óscar Garrido A., rector de

la Universidad de Los Lagos

No hay que dejarse engañar con las lluvias que se han sentido en las últimas semanas en Osorno. Los 542 milímetros de agua caída a la fecha distan mucho de los 1.019 que registra un año normal en el mismo período; y ni aunque precipitara sostenidamente en los próximos meses se podrán recuperar los pozos profundos ubicados a lo largo y ancho de la provincia, y que permiten el sustento de miles de familias a quienes no alcanza la red de distribución de agua potable que se conoce en las ciudades. Para paliar los efectos de la sequía en las zonas rurales, en cuanto a la provisión de agua para consumo humano se refiere, los municipios y distintos organismos públicos han acometido ya desde hace años un sistema que permite trasladar el vital elemento hasta los mismos hogares, utilizando camiones aljibe de particulares en un servicio financiado por las arcas fiscales.

Se trata de un mecanismo ideado para satisfacer una necesidad básica que requiere la coordinación total de los actores involucrados, pues en otro caso se pone en riesgo que las familias que viven en las zonas más amagadas por el déficit hídrico se queden sencillamente sin agua. Esta "misión de emergencia", lamentablemente, ha quedado en entredicho, según se supo esta semana, porque los empresarios del transporte que facilitan sus camiones en la provincia tienen que esperar hasta seis meses para que la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) les realice los pagos por la distribución de agua, dificultando de manera evidente su continuidad comercial para una tarea tan delicada.

Es importante recalcar que no se trata de grandes compañías. Quienes se ven obligados a armarse de paciencia para que el Estado les cancele son pequeños transportistas con muy poca capacidad de presión o de negociación, por lo que terminan entrampados en un círculo vicioso del cual es difícil salir.

Aunque desde la Onemi se respondió que probablemente hubo un error administrativo, llamó la atención que se asegurara que lo "normal" es una demora en cuatro meses.

¿Es razonable que el Estado tarde cuatro meses en pagarle a sus proveedores? Aquí debería primar un sentido de justicia y responsabilidad, tanto con quienes están afectados por la sequía, como con los pequeños transportistas.