Los coletazos del 21 de mayo
Las cautelares impuestas a los formalizados por los hechos no deben frenar las pesquisas. Pero fuera de una resolución opinable, lo central es seguir adelante con las pesquisas y que esa resolución constituya un desafío para seguir trabajando con prolijidad para así llegar a la verdad y a la justicia.
Con las medidas cautelares menos gravosas -arraigo nacional y firma mensual- quedaron los cinco formalizados por el incendio y posterior muerte de un guardia municipal de Valparaíso el pasado 21 de mayo.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron consideradas insuficientes por el juez de Garantía, ya que argumentó, "si bien es posible sospechar que los imputados hayan estado presentes en la marcha de 21 de mayo, judicialmente se nos exige más que una sospecha para tomar las medidas cautelares solicitadas por la parte querellante y el Ministerio Público".
El intendente Gabriel Aldoney, aun cuando manifestó su frustración ante la resolución, aludiendo a la formalización dijo que era "un paso adelante", a la vez que anunció que se apelará a la baja medida cautelar del magistrado de Garantía. Por su parte, uno de los más duramente afectado por la muerte del funcionario Luis Lara, su hijo Eduardo, con calma y realismo dijo que "era de esperar este resultado, pero esto recién comienza…".
Desde la vereda política, la Fiscalía y la resolución judicial fueron criticadas por los parlamentarios UDI Gustavo Hasbún y Osvaldo Urrutia. Pero tienen razón tanto el intendente como Eduardo Lara, pues ya se avanzó en la formalización y hay un plazo de seis meses para investigar.
Las autoridades de Gobierno, las policías, la Municipalidad, también parte querellante, la familia de la víctima y el Ministerio Público buscaban medidas cautelares fuertes, para evitar una posible fuga de los inculpados y contar con un espacio despejado para seguir las investigaciones.
Pero fuera de una resolución opinable, lo central es seguir adelante con las pesquisas y que los investigadores, Carabineros y PDI, no se desalienten con la resolución de primera instancia y esa resolución constituya un desafío para seguir trabajando con prolijidad y criterios técnicos y llegar a la verdad y a la justicia.
Los hechos del 21 de mayo pasado son graves, hay intencionalidad, hay daño a la propiedad, hay cobardía en los manifestantes y, más que nada, se reitera un clima de crispación social en que todo parece aceptable, incluso la muerte.