Soterramiento de los cables
Por falta de recursos y la ausencia de una normativa nacional, se ve muy difícil por ahora que se "limpien" los cables aéreos en el centro de Osorno. El centro de la ciudad cambiaría de forma notable su aspecto si se lograra disponer bajo tierra los cables de la empresa eléctrica y de las telefónicas.
Alas numerosas definiciones de contaminación que se han ido instalando en el último tiempo, hay una, la visual, que está arremetiendo con fuerza en las ciudades, en particular para denunciar la maraña de cables que las empresas eléctricas y de telefonía instalan en los postes de las calles para proveer de servicios a sus clientes. Para peor, y tal como se ha comprobado en el mismo Osorno, gran parte de ese tinglado aéreo en muchas ocasiones obedece a la indiferencia de las propias compañías, que una vez modificada una operación o realizado un cambio, no se dan el trabajo para retirar los cables que están en desuso.
Aunque muchas ciudades del país han intentado "despejar" su vista aérea del opresivo enmarañado que en algunas esquinas más parece un panal de cables, la falta de regulación ha derivado en un escenario muy antiestético que provoca desazón entre los peatones y turistas. En este sentido, existe sólo una circular de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que data de 2012 y que norma los denominados cables en desuso, dejando en manos de los municipios la generación de instancias para la limpieza en los postes. No obstante, si se trata de cables en operación, no hay nada que lo regule.
En el municipio de Osorno ha habido en los años recientes intenciones para soterrar el cableado que pasa por las cuadras más transitadas del centro, pero la ausencia de una normativa que obligue a las compañías prestadoras de servicios a realizar este cambio ha terminado impidiendo cualquier avance. Según lo estimado desde la corporación edilicia, disponer bajo tierra los cables en el área céntrica de la ciudad demanda una inversión de 200 millones por cuadra que lamentablemente nadie está dispuesto a efectuar. Ni el municipio, por los montos involucrados, ni las propias compañías, pues nadie las obliga.
Se trata, en todo caso, de un problema nacional que ni siquiera municipios con más influencia o recursos han podido acometer. La única opción posible es una legislación que atienda este problema, considerándolo como un factor de contaminación visual.