Tribunal revoca prisión preventiva de senador Orpis
CORPESCA. La Fiscalía apelará al fallo, que dejó al legislador con arresto domiciliario.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aceptó ayer revocar la prisión preventiva que hace 40 días cumplía el senador desaforado Jaime Orpis por el caso Corpesca y ordenó a cambio el arresto domiciliario total.
La medida fue tomada por el tribunal, tras acoger los argumentos de la defensa del legislador, que fundamentó problemas de salud y la reparación del mal causado al cancelar el 100% del total defraudado a las arcas del Estado, correspondiente a $ 36 millones.
De esta manera, el parlamentario pudo abandonar el anexo penitenciario Capitán Yaber, para cumplir la detención domiciliaria decretada por la jueza Cecilia Villanueva.
La resolución del tribunal, sin embargo, deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones, luego que el CDE y los querellantes, Fundación Inteligente y el diputado Hugo Gutiérrez, resolvieran apelar e insistir en que la única medida cautelar acorde a los actos de cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco que le han sido atribuidos al legislador es la privación de libertad.
Entre los argumentos que esgrimió la magistrada para disminuir las cautelares de Orpis fue la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de no rechazar el requerimiento de la defensa, al estimar que los impuestos adeudados que basan la querella en su contra fueron pagados por el imputado.
Fiscalía apelará
El Ministerio Público anunció que apelará al fallo. Según afirmó la fiscal del caso Corpesca, Ximena Chong, "la ley no exige que la Fiscalía establezca antecedentes que agraven la situación cautelar del imputado y, por el contrario, lo que se exige es que el solicitante sea el que entregue información que desvirtúe la situación cautelar. Y creemos que eso, en este caso, no se ha dado".
Chong, además, discrepó con la decisión del SII que apoyó la pretensión de la defensa del legislador, al no oponerse a la revocación de la prisión preventiva, enfatizando que "entendemos que la posición del Servicio en este contexto, es errónea" y agregando que "cada una de las instituciones debe responder respecto de las decisiones que ellos toman".
Por último, descartó que el legislador se encuentre en riesgo vital, como expuso la defensa, puntualizando que ello es solo una afirmación de la parte recurrente.