Del universo de delitos, los robos en viviendas dejan una huella importante tanto para quienes los sufren como para la comunidad, ya que implican la vulneración del espacio más íntimo de la familia y, consecuencialmente, traen aparejado un cambio en la percepción ciudadana sobre el estado actual de la seguridad pública. De ahí que es lógico que se demanden mayores resultados de los organismos que tienen que ver con su prevención, por una parte, y -una vez que el ilícito ha sido cometido- de aquéllos que estamos vinculados con su persecución y sanción.
En este sentido, una máxima de la experiencia nos indica que el éxito en la investigación de los robos está determinado por lo que se hace o se deja de hacer en un primer momento, esto es, inmediatamente después de la denuncia. Entonces, cabe preguntarse, ¿cuando una persona hace una denuncia, los funcionarios policiales que la reciben pueden hacer algo más que sólo recibirla?
Sobre esta interrogante se han construido en el tiempo verdaderos "mitos" derivados principalmente del alto nivel de desinformación, entre los cuales se encuentra la idea de que la policía no puede hacer nada y que cualquier actividad posterior a la denuncia debe ser instruida "después" por un fiscal. Pues bien, esto no es así. La ley e instrucciones generales de la Fiscalía establecen que la policía puede desarrollar una serie de actuaciones tan pronto se recibe una denuncia, es decir, sin autorización ni instrucción de nadie. Desde buscar testigos y tomarles declaración, hasta detener al autor del delito, pasando por resguardar el lugar de los hechos, son sólo algunas de las actuaciones que deben realizarse inmediatamente.
Es por lo dicho que desde el mes de enero se ha desarrollado un plan de capacitación tanto nacional como regional orientado a ambas policías y que se enmarca en la difusión del Manual de Primeras Diligencias. Pero ello, a mi juicio, es insuficiente. Debemos pasar a un nuevo estadio abriendo la información a la ciudadanía, no sólo para acabar con los mitos que impiden avanzar hacia mayores resultados, sino que también para empoderarla respecto de lo que puede o no exigirse a cada órgano relacionado con el combate al delito; incluyendo, por cierto, también a la Fiscalía.
Marcos Emilfork Konow, fiscal regional de Los Lagos