Por difícil que pueda parecer, casi un centenar de familias osorninas lleva viviendo seis meses de incertidumbre, luego que la empresa que se había adjudicado el contrato fiscal de aislación térmica de sus viviendas se declarara en quiebra, abandonando de la noche a la mañana las obras que había iniciado en el sector de Francke. Es paradójico, tanto por el nivel de riesgo al que han quedado los ocupantes de los 96 departamentos que querían ver mejoradas sus condiciones de habitabilidad, como por, nuevamente, la inacción de los organismos gubernamentales para prever situaciones de este tipo y buscar las soluciones remediales antes de que estalle la paciencia de los afectados.

Tal fue el nivel de imprevisión que los andamios quedaron instalados, las herramientas esparcidas en la calle, y las mallas raschel cubriendo la totalidad de los departamentos. Aunque la razón del abandono de las obras reside en la declaración de quiebra de la empresa, llama profundamente la atención que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), a la sazón la entidad que cursa los subsidios de aislación térmica y se supone que el principal conocedor de estas materias, haya permanecido prácticamente impávido ante este escenario durante medio año, tiempo en el cual los residentes han tenido que convivir con el recuerdo vivo de las obras y el peligro inminente de andamios que en cualquier momento pueden venirse abajo porque, sencillamente, nadie está a cargo.

Frente a esta situación, la autoridad del sector atribuyó los problemas en Francke a un "ciclo natural" de los procesos de quiebra, en circunstancias que lo "natural" debiera ser que el Estado, a través de sus instituciones gubernamentales, reaccionara con premura ante este tipo de hechos para evitar un mal mayor (por ejemplo, que se caiga un andamio quizás con qué resultados). Seis meses con una obra abandonada, no en un estadio ni en un gimnasio ni en una plaza, sino que en la "puerta" de 96 viviendas, es a todas luces un despropósito.

Es evidente que el Serviu tiene que mejorar sus tiempos de respuesta y su capacidad de hacer frente a emergencias. No basta, ni es digno, esperar que los vecinos resuelvan este tipo de dificultades.

En Chile, cada cierto tiempo, ocurren catástrofes. Prevenirlas cuando es posible, reaccionar de manera oportuna ante ellas y reconstruir eficientemente los territorios afectados es un imperativo que presenta diversas exigencias. Por eso resulta tan importante revisar y modernizar la estructura que el Estado y la sociedad se han dado para asumir esta responsabilidad. Esta tarea no puede ser postergada.

Disponer a todos -individuos, comunidades y al propio Estado- en una actitud preventiva, con una planificación que incorpore la variable de la gestión de riesgos en todos los ámbitos, nos permitirá evitar o mitigar daños a personas e infraestructura, que muchas veces afectan por largos períodos a nuestras comunidades. Chile se viene preparando desde hace bastante tiempo en esta materia. No estamos partiendo de cero, pero el proyecto que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil -aprobado en general hace pocos días por el Senado- debe permitirnos dar un salto en nuestras capacidades y competencias.

Sus principales méritos son incorporar una perspectiva sistémica, donde quedan claramente definidas tanto las estructuras como los instrumentos de gestión, sean de carácter general o sectorial, desde el nivel comunal hasta el provincial, regional y nacional. A su vez, quedan determinadas las instancias decisorias, operativas y consultivas del sistema. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias que se crea está llamado a promover la incorporación de todos en esta tarea, a sintetizar las mejores experiencias nacionales e internacionales, a ayudar a que todos los organismos y comunidades estén mejor preparados, y a conseguir que las respuestas sean lo más eficaces, oportunas y eficientes posibles.

Una de las materias que debe ser profundizada se refiere al rol del sector privado y de las personas ante las calamidades. No podemos depender sólo de la acción del Estado frente a estas contingencias. El rol del voluntariado -Bomberos, Cruz Roja y otras instituciones de la sociedad- debe ser igualmente considerado y relevado. Y también debemos revisar las obligaciones de las empresas para con sus trabajadores y su entorno, particularmente cuando están a cargo de proveer bienes y servicios básicos a toda la comunidad.

La responsabilidad, entonces, debe descansar sobre toda la estructura del Estado y no sobre un órgano en especial. Hacia ese propósito estamos avanzando.

Rabindranath Quinteros, senador por Los Lagos

Por difícil que pueda parecer, casi un centenar de familias osorninas lleva viviendo seis meses de incertidumbre, luego que la empresa que se había adjudicado el contrato fiscal de aislación térmica de sus viviendas se declarara en quiebra, abandonando de la noche a la mañana las obras que había iniciado en el sector de Francke. Es paradójico, tanto por el nivel de riesgo al que han quedado los ocupantes de los 96 departamentos que querían ver mejoradas sus condiciones de habitabilidad, como por, nuevamente, la inacción de los organismos gubernamentales para prever situaciones de este tipo y buscar las soluciones remediales antes de que estalle la paciencia de los afectados.

Tal fue el nivel de imprevisión que los andamios quedaron instalados, las herramientas esparcidas en la calle, y las mallas raschel cubriendo la totalidad de los departamentos. Aunque la razón del abandono de las obras reside en la declaración de quiebra de la empresa, llama profundamente la atención que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), a la sazón la entidad que cursa los subsidios de aislación térmica y se supone que el principal conocedor de estas materias, haya permanecido prácticamente impávido ante este escenario durante medio año, tiempo en el cual los residentes han tenido que convivir con el recuerdo vivo de las obras y el peligro inminente de andamios que en cualquier momento pueden venirse abajo porque, sencillamente, nadie está a cargo.

Frente a esta situación, la autoridad del sector atribuyó los problemas en Francke a un "ciclo natural" de los procesos de quiebra, en circunstancias que lo "natural" debiera ser que el Estado, a través de sus instituciones gubernamentales, reaccionara con premura ante este tipo de hechos para evitar un mal mayor (por ejemplo, que se caiga un andamio quizás con qué resultados). Seis meses con una obra abandonada, no en un estadio ni en un gimnasio ni en una plaza, sino que en la "puerta" de 96 viviendas, es a todas luces un despropósito.

Es evidente que el Serviu tiene que mejorar sus tiempos de respuesta y su capacidad de hacer frente a emergencias. No basta, ni es digno, esperar que los vecinos resuelvan este tipo de dificultades.