Los acontecimientos ocurridos en Valparaíso durante la cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet ante el Congreso han generado un repudio generalizado desde la ciudadanía, hasta el propio gobierno y representantes del poder político. La muerte de un guardia municipal, Eduardo Lara (71), no fue resultado del uso del legítimo derecho de las personas a manifestar su descontento, su deceso se produjo con motivo de un atentado vandálico que no midió nunca el alcance de sus actos.

Lo anterior lleva inmediatamente a plantearse cuál es el límite de la libertad de expresión, en tiempos en que el descontento se manifiesta con fuerza desde las redes sociales hasta los movimientos sociales en las calles.

Es necesario, primero, recordar que no siempre los chilenos gozamos de la misma posibilidad de manifestar públicamente posiciones contrarias al sistema con la misma libertad. Ésta fue fruto del convencimiento y sacrificio de muchos compatriotas que arriesgaron hasta sus vidas porque cada connacional pudiera ejercer este derecho que sólo subsiste en un contexto democrático y republicano.

La libertad de expresión, en términos concretos, consiste en el derecho de cada persona, sin necesidad de ser ciudadano del territorio, a expresar una idea u opinión ante personas o autoridades sin temer a represalias, siempre que se plantee con argumentos, con respeto y sin la violencia como medio o la alteración del orden público.

Por el contrario, cuando se utiliza la agresión como mecanismo de persuasión, el vandalismo, el terrorismo, o la destrucción de bienes públicos o privados, ello traspasa el límite de la libertad de expresarse libremente, al vulnerar los derechos de otras personas a la seguridad, y se convierte en definitiva en una expresión delictual que sólo busca el caos y el temor entre sus congéneres.

Ningún ciudadano puede estar de acuerdo con este tipo de manifestaciones, sobre todo con las nefastas consecuencias por todos lamentadas, y es por ello que la justicia no puede tardar en sancionar ejemplarizadoramente estos hechos, que en definitiva perjudican la posibilidad de que la sociedad pueda expresarse libremente a futuro, por temor a repetir estas perturbadoras imágenes que hoy enlutan el alma nacional.

El Programa Extraordinario de Reactivación Económica e Integración Social, conocido también como DS N°116, anunciado por la Presidenta Bachelet en enero de 2015, ya exhibe importantes logros en la Región de Los Lagos. La alianza entre el Minvu y el sector privado, con colaboración de la Cámara Chilena de la Construcción, no solo se ha traducido en una clara contribución al proceso de reactivación económica, sino que también permite ampliar la oferta de viviendas para familias con subsidio habitacional sin materializar, incentivando además proyectos habitacionales que integren grupos familiares de sectores medios y vulnerables.

En la Región de Los Lagos se presentaron 35 proyectos, equivalentes a un poco más de 5.300 viviendas. De esta cifra, cumplieron con los estándares de diseño, calidad, ubicación y plazo de ejecución -por lo que se encuentran vigentes- 31 proyectos, que permitirán la construcción y entrega de un total de 4.499 viviendas hasta fines de 2017. Es importante destacar que 2.709 de ellas serán terminadas durante 2016 y las restantes, 1.790 unidades, serán entregadas a fines del año próximo.

En términos globales, el impacto económico nacional del programa permitirá la contratación directa de más de 65 mil puestos de trabajo y generar más de 43 mil empleos indirectos. Los proyectos vigentes alcanzan a los 265, con un número total de 44.923 viviendas, distribuidas en todas las regiones del país, salvo Aysén. De ellas, más de un 20% están destinadas para familias vulnerables.

Más allá del éxito cuantitativo de este programa, el número de unidades habitacionales construidas y de los acotados plazos que involucra dicho proceso, es importante destacar el componente de integración social de todos y cada uno de los proyectos, más aún si se reconoce que antaño, los distintos barrios de Chile eran una muestra palpable de diversidad social. En ellos, los niños y jóvenes, independiente de la ocupación o ingresos de sus padres, compartían los espacios públicos y se educaban en las mismas escuelas o liceos del barrio.

Estos proyectos de integración social buscan revitalizar esa cultura de convivencia y cooperación y dejar atrás décadas de segregación territorial, en que las familias de menores recursos fueron desplazadas hacia la periferia de las ciudades, lugares muchas veces carentes de servicios básicos como salud, educación, seguridad y además faltos de conectividad.

Jaime Romero Álvarez Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

Los acontecimientos ocurridos en Valparaíso durante la cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet ante el Congreso han generado un repudio generalizado desde la ciudadanía, hasta el propio gobierno y representantes del poder político. La muerte de un guardia municipal, Eduardo Lara (71), no fue resultado del uso del legítimo derecho de las personas a manifestar su descontento, su deceso se produjo con motivo de un atentado vandálico que no midió nunca el alcance de sus actos.

Lo anterior lleva inmediatamente a plantearse cuál es el límite de la libertad de expresión, en tiempos en que el descontento se manifiesta con fuerza desde las redes sociales hasta los movimientos sociales en las calles.

Es necesario, primero, recordar que no siempre los chilenos gozamos de la misma posibilidad de manifestar públicamente posiciones contrarias al sistema con la misma libertad. Ésta fue fruto del convencimiento y sacrificio de muchos compatriotas que arriesgaron hasta sus vidas porque cada connacional pudiera ejercer este derecho que sólo subsiste en un contexto democrático y republicano.

La libertad de expresión, en términos concretos, consiste en el derecho de cada persona, sin necesidad de ser ciudadano del territorio, a expresar una idea u opinión ante personas o autoridades sin temer a represalias, siempre que se plantee con argumentos, con respeto y sin la violencia como medio o la alteración del orden público.

Por el contrario, cuando se utiliza la agresión como mecanismo de persuasión, el vandalismo, el terrorismo, o la destrucción de bienes públicos o privados, ello traspasa el límite de la libertad de expresarse libremente, al vulnerar los derechos de otras personas a la seguridad, y se convierte en definitiva en una expresión delictual que sólo busca el caos y el temor entre sus congéneres.

Ningún ciudadano puede estar de acuerdo con este tipo de manifestaciones, sobre todo con las nefastas consecuencias por todos lamentadas, y es por ello que la justicia no puede tardar en sancionar ejemplarizadoramente estos hechos, que en definitiva perjudican la posibilidad de que la sociedad pueda expresarse libremente a futuro, por temor a repetir estas perturbadoras imágenes que hoy enlutan el alma nacional.

30 años | 23 de mayo de 1986

Jugador de Malta Morenita fue electo el mejor de Chile

El jugador de Malta Morenita, Iván Gallardo, fue designado como el mejor jugador de básquetbol del país por el Círculo de Cronistas Deportivos. El jugador es considerado el mejor conductor del país y por lo mismo el club anunció que se le iba a realizar un homenaje por dejar bien puesto el nombre del equipo y ciudad.

20 años | 23 de mayo de 1996

Osornino obtiene $300 millones jugando el Loto

Sólo con 300 pesos el osornino Claudio Oyarzún de 66 años fue el único ganador del juego Loto, obteniendo un premio de más de 300 millones de pesos. El jubilado de Chiprodal, casado y padre de cuatro hijas, recibirá su premio en la agencia de la plazuela Yungay, lugar donde compró el boleto ganador.

10 años | 23 de mayo de 2006

Bomberos recibe 120 llamados falsos al mes

Un promedio de 3 a 4 llamados falsos de incendio, los que se traducen en 120 al mes, recibe al mes la central telefónica del Cuerpo de Bomberos de Osorno. Mensualmente son 300 los llamados que reciben, de los cuales el 80 por ciento corresponden a personas que llaman para insultar o bien para generar falsas alertas.

El Programa Extraordinario de Reactivación Económica e Integración Social, conocido también como DS N°116, anunciado por la Presidenta Bachelet en enero de 2015, ya exhibe importantes logros en la Región de Los Lagos. La alianza entre el Minvu y el sector privado, con colaboración de la Cámara Chilena de la Construcción, no solo se ha traducido en una clara contribución al proceso de reactivación económica, sino que también permite ampliar la oferta de viviendas para familias con subsidio habitacional sin materializar, incentivando además proyectos habitacionales que integren grupos familiares de sectores medios y vulnerables.

En la Región de Los Lagos se presentaron 35 proyectos, equivalentes a un poco más de 5.300 viviendas. De esta cifra, cumplieron con los estándares de diseño, calidad, ubicación y plazo de ejecución -por lo que se encuentran vigentes- 31 proyectos, que permitirán la construcción y entrega de un total de 4.499 viviendas hasta fines de 2017. Es importante destacar que 2.709 de ellas serán terminadas durante 2016 y las restantes, 1.790 unidades, serán entregadas a fines del año próximo.

En términos globales, el impacto económico nacional del programa permitirá la contratación directa de más de 65 mil puestos de trabajo y generar más de 43 mil empleos indirectos. Los proyectos vigentes alcanzan a los 265, con un número total de 44.923 viviendas, distribuidas en todas las regiones del país, salvo Aysén. De ellas, más de un 20% están destinadas para familias vulnerables.

Más allá del éxito cuantitativo de este programa, el número de unidades habitacionales construidas y de los acotados plazos que involucra dicho proceso, es importante destacar el componente de integración social de todos y cada uno de los proyectos, más aún si se reconoce que antaño, los distintos barrios de Chile eran una muestra palpable de diversidad social. En ellos, los niños y jóvenes, independiente de la ocupación o ingresos de sus padres, compartían los espacios públicos y se educaban en las mismas escuelas o liceos del barrio.

Estos proyectos de integración social buscan revitalizar esa cultura de convivencia y cooperación y dejar atrás décadas de segregación territorial, en que las familias de menores recursos fueron desplazadas hacia la periferia de las ciudades, lugares muchas veces carentes de servicios básicos como salud, educación, seguridad y además faltos de conectividad.

Jaime Romero Álvarez Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

Los acontecimientos ocurridos en Valparaíso durante la cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet ante el Congreso han generado un repudio generalizado desde la ciudadanía, hasta el propio gobierno y representantes del poder político. La muerte de un guardia municipal, Eduardo Lara (71), no fue resultado del uso del legítimo derecho de las personas a manifestar su descontento, su deceso se produjo con motivo de un atentado vandálico que no midió nunca el alcance de sus actos.

Lo anterior lleva inmediatamente a plantearse cuál es el límite de la libertad de expresión, en tiempos en que el descontento se manifiesta con fuerza desde las redes sociales hasta los movimientos sociales en las calles.

Es necesario, primero, recordar que no siempre los chilenos gozamos de la misma posibilidad de manifestar públicamente posiciones contrarias al sistema con la misma libertad. Ésta fue fruto del convencimiento y sacrificio de muchos compatriotas que arriesgaron hasta sus vidas porque cada connacional pudiera ejercer este derecho que sólo subsiste en un contexto democrático y republicano.

La libertad de expresión, en términos concretos, consiste en el derecho de cada persona, sin necesidad de ser ciudadano del territorio, a expresar una idea u opinión ante personas o autoridades sin temer a represalias, siempre que se plantee con argumentos, con respeto y sin la violencia como medio o la alteración del orden público.

Por el contrario, cuando se utiliza la agresión como mecanismo de persuasión, el vandalismo, el terrorismo, o la destrucción de bienes públicos o privados, ello traspasa el límite de la libertad de expresarse libremente, al vulnerar los derechos de otras personas a la seguridad, y se convierte en definitiva en una expresión delictual que sólo busca el caos y el temor entre sus congéneres.

Ningún ciudadano puede estar de acuerdo con este tipo de manifestaciones, sobre todo con las nefastas consecuencias por todos lamentadas, y es por ello que la justicia no puede tardar en sancionar ejemplarizadoramente estos hechos, que en definitiva perjudican la posibilidad de que la sociedad pueda expresarse libremente a futuro, por temor a repetir estas perturbadoras imágenes que hoy enlutan el alma nacional.

30 años | 23 de mayo de 1986

Jugador de Malta Morenita fue electo el mejor de Chile

El jugador de Malta Morenita, Iván Gallardo, fue designado como el mejor jugador de básquetbol del país por el Círculo de Cronistas Deportivos. El jugador es considerado el mejor conductor del país y por lo mismo el club anunció que se le iba a realizar un homenaje por dejar bien puesto el nombre del equipo y ciudad.

20 años | 23 de mayo de 1996

Osornino obtiene $300 millones jugando el Loto

Sólo con 300 pesos el osornino Claudio Oyarzún de 66 años fue el único ganador del juego Loto, obteniendo un premio de más de 300 millones de pesos. El jubilado de Chiprodal, casado y padre de cuatro hijas, recibirá su premio en la agencia de la plazuela Yungay, lugar donde compró el boleto ganador.

10 años | 23 de mayo de 2006

Bomberos recibe 120 llamados falsos al mes

Un promedio de 3 a 4 llamados falsos de incendio, los que se traducen en 120 al mes, recibe al mes la central telefónica del Cuerpo de Bomberos de Osorno. Mensualmente son 300 los llamados que reciben, de los cuales el 80 por ciento corresponden a personas que llaman para insultar o bien para generar falsas alertas.

El Programa Extraordinario de Reactivación Económica e Integración Social, conocido también como DS N°116, anunciado por la Presidenta Bachelet en enero de 2015, ya exhibe importantes logros en la Región de Los Lagos. La alianza entre el Minvu y el sector privado, con colaboración de la Cámara Chilena de la Construcción, no solo se ha traducido en una clara contribución al proceso de reactivación económica, sino que también permite ampliar la oferta de viviendas para familias con subsidio habitacional sin materializar, incentivando además proyectos habitacionales que integren grupos familiares de sectores medios y vulnerables.

En la Región de Los Lagos se presentaron 35 proyectos, equivalentes a un poco más de 5.300 viviendas. De esta cifra, cumplieron con los estándares de diseño, calidad, ubicación y plazo de ejecución -por lo que se encuentran vigentes- 31 proyectos, que permitirán la construcción y entrega de un total de 4.499 viviendas hasta fines de 2017. Es importante destacar que 2.709 de ellas serán terminadas durante 2016 y las restantes, 1.790 unidades, serán entregadas a fines del año próximo.

En términos globales, el impacto económico nacional del programa permitirá la contratación directa de más de 65 mil puestos de trabajo y generar más de 43 mil empleos indirectos. Los proyectos vigentes alcanzan a los 265, con un número total de 44.923 viviendas, distribuidas en todas las regiones del país, salvo Aysén. De ellas, más de un 20% están destinadas para familias vulnerables.

Más allá del éxito cuantitativo de este programa, el número de unidades habitacionales construidas y de los acotados plazos que involucra dicho proceso, es importante destacar el componente de integración social de todos y cada uno de los proyectos, más aún si se reconoce que antaño, los distintos barrios de Chile eran una muestra palpable de diversidad social. En ellos, los niños y jóvenes, independiente de la ocupación o ingresos de sus padres, compartían los espacios públicos y se educaban en las mismas escuelas o liceos del barrio.

Estos proyectos de integración social buscan revitalizar esa cultura de convivencia y cooperación y dejar atrás décadas de segregación territorial, en que las familias de menores recursos fueron desplazadas hacia la periferia de las ciudades, lugares muchas veces carentes de servicios básicos como salud, educación, seguridad y además faltos de conectividad.

Jaime Romero Álvarez Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

Los acontecimientos ocurridos en Valparaíso durante la cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet ante el Congreso han generado un repudio generalizado desde la ciudadanía, hasta el propio gobierno y representantes del poder político. La muerte de un guardia municipal, Eduardo Lara (71), no fue resultado del uso del legítimo derecho de las personas a manifestar su descontento, su deceso se produjo con motivo de un atentado vandálico que no midió nunca el alcance de sus actos.

Lo anterior lleva inmediatamente a plantearse cuál es el límite de la libertad de expresión, en tiempos en que el descontento se manifiesta con fuerza desde las redes sociales hasta los movimientos sociales en las calles.

Es necesario, primero, recordar que no siempre los chilenos gozamos de la misma posibilidad de manifestar públicamente posiciones contrarias al sistema con la misma libertad. Ésta fue fruto del convencimiento y sacrificio de muchos compatriotas que arriesgaron hasta sus vidas porque cada connacional pudiera ejercer este derecho que sólo subsiste en un contexto democrático y republicano.

La libertad de expresión, en términos concretos, consiste en el derecho de cada persona, sin necesidad de ser ciudadano del territorio, a expresar una idea u opinión ante personas o autoridades sin temer a represalias, siempre que se plantee con argumentos, con respeto y sin la violencia como medio o la alteración del orden público.

Por el contrario, cuando se utiliza la agresión como mecanismo de persuasión, el vandalismo, el terrorismo, o la destrucción de bienes públicos o privados, ello traspasa el límite de la libertad de expresarse libremente, al vulnerar los derechos de otras personas a la seguridad, y se convierte en definitiva en una expresión delictual que sólo busca el caos y el temor entre sus congéneres.

Ningún ciudadano puede estar de acuerdo con este tipo de manifestaciones, sobre todo con las nefastas consecuencias por todos lamentadas, y es por ello que la justicia no puede tardar en sancionar ejemplarizadoramente estos hechos, que en definitiva perjudican la posibilidad de que la sociedad pueda expresarse libremente a futuro, por temor a repetir estas perturbadoras imágenes que hoy enlutan el alma nacional.

El Programa Extraordinario de Reactivación Económica e Integración Social, conocido también como DS N°116, anunciado por la Presidenta Bachelet en enero de 2015, ya exhibe importantes logros en la Región de Los Lagos. La alianza entre el Minvu y el sector privado, con colaboración de la Cámara Chilena de la Construcción, no solo se ha traducido en una clara contribución al proceso de reactivación económica, sino que también permite ampliar la oferta de viviendas para familias con subsidio habitacional sin materializar, incentivando además proyectos habitacionales que integren grupos familiares de sectores medios y vulnerables.

En la Región de Los Lagos se presentaron 35 proyectos, equivalentes a un poco más de 5.300 viviendas. De esta cifra, cumplieron con los estándares de diseño, calidad, ubicación y plazo de ejecución -por lo que se encuentran vigentes- 31 proyectos, que permitirán la construcción y entrega de un total de 4.499 viviendas hasta fines de 2017. Es importante destacar que 2.709 de ellas serán terminadas durante 2016 y las restantes, 1.790 unidades, serán entregadas a fines del año próximo.

En términos globales, el impacto económico nacional del programa permitirá la contratación directa de más de 65 mil puestos de trabajo y generar más de 43 mil empleos indirectos. Los proyectos vigentes alcanzan a los 265, con un número total de 44.923 viviendas, distribuidas en todas las regiones del país, salvo Aysén. De ellas, más de un 20% están destinadas para familias vulnerables.

Más allá del éxito cuantitativo de este programa, el número de unidades habitacionales construidas y de los acotados plazos que involucra dicho proceso, es importante destacar el componente de integración social de todos y cada uno de los proyectos, más aún si se reconoce que antaño, los distintos barrios de Chile eran una muestra palpable de diversidad social. En ellos, los niños y jóvenes, independiente de la ocupación o ingresos de sus padres, compartían los espacios públicos y se educaban en las mismas escuelas o liceos del barrio.

Estos proyectos de integración social buscan revitalizar esa cultura de convivencia y cooperación y dejar atrás décadas de segregación territorial, en que las familias de menores recursos fueron desplazadas hacia la periferia de las ciudades, lugares muchas veces carentes de servicios básicos como salud, educación, seguridad y además faltos de conectividad.

Jaime Romero Álvarez Subsecretario de Vivienda y Urbanismo