Ministra y Constitución
Con todo el respeto que nuestras autoridades merecen, pero considerando las reiteradas polémicas y desconfianzas a los políticos, y atendiendo los graves y urgentes problemas, colas, esperas y falta de especialistas, ¿no parece una frivolidad que la ministra de Salud venga a regiones promocionar la nueva Constitución?
Primero lo urgente (de vida o muerte ), luego lo importante (que tiene tratamiento, ella debe saber muy bien), y al final, las entretenciones... (que aún no se saben cómo van a terminar).
Eduardo Romero G.
Relleno sanitario
Lo único que está claro del nuevo relleno sanitario de Osorno es que no va a estar listo cuando se le necesite.
Patricio Herrera
Muerte en centro del Sename
El lunes murió una niña en un centro de protección del Estado. Sólo tenía 11 años y fue derivada por un tribunal de familia, que determinó que su familia no cumplía con el contexto proteccional y afectivo en su hogar, situación de riesgo psicosocial que conlleva una situación de vulneración de derechos o negligencia, generalmente perteneciente a la población más afectada por la pobreza, la desigualdad y la violencia.
Pero me resulta patético escuchar a Marcela Labraña, quien dice que el Sename "hizo todo lo posible para salvar la vida de la niña", o el silencio de la flamante secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. Además, Chile ratificó hace 25 años la Convención de los Derechos del Niño.
Mauricio Pérez
Sename y política de infancia
Un día después de conocer el aumento de 91% en los intentos de suicidio en centros del Sename en el segundo semestre de 2015, con asombro nos enteramos de la muerte de una menor en uno de esos recintos. Hechos que sólo ratifican la contradicción que existe entre la sociedad y el Estado respecto de la protección de nuestros niñas, niños y adolescentes.
Chile suscribió la Convención de los Derechos del Niño en 1989, con lo cual asumió la obligación de ser garante de sus derechos. Los tribunales de familia junto al Sename, como principales representantes del Estado en la política de infancia, fueron definidos como las entidades que deben intervenir frente a situaciones de vulneración de derechos, para interrumpir relaciones que dañan y obstruyen su adecuado crecimiento y desarrollo. Sin embargo, desde hace varios años que la gestión de Sename ha sido ampliamente cuestionada y diversos actores piden su actualización.
Una muestra de esa necesidad es lo paradojal e insensato que es constatar que las medidas de protección que se determinan en pos de esa protección se transformen en espacios donde niñas, niños y adolescentes viven experiencias tanto o más vulneradoras de las que dieron origen a la intervención judicial. Experiencias que van desde relaciones abusivas entre pares y/o con quienes deben cuidarlos hasta las negligencias en las garantías mínimas relacionadas con salud, alimentación, cobijo e integridad física.
Y es que no es posible que desde 2010 en Chile no exista una política de infancia acorde a los requerimientos sociales actuales. Así como tampoco que aún se siga tramitando el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y que no exista una institucionalidad y un presupuesto adecuados que permitan contar con servicios que aseguren el cumplimiento del rol garante y de protección que el Estado debe dar a sus niñas, niños y jóvenes.
Ana Fuentealba Alday, académica de la Universidad Andrés Bello
Reforma educacional
Nos llama la atención que un grupo de parlamentarios haya expresado críticas al hecho de que el Gobierno no incluyera la reforma al sistema de educación superior en su agenda legislativa del presente año. Es de todos sabido que los cambios que está elaborando el Ministerio de Educación no se han sometido al debate técnico amplio que todos los participantes en el sistema hemos solicitado y que - según palabras de la ministra Delpiano - esa responsabilidad se le ha delegado al Poder Legislativo.
Siendo esa la realidad, nos parece acertada la decisión gubernamental de proyectar la aprobación de la reforma para el período legislativo 2017. En caso contrario, y dado que el envío al Congreso fue anunciado para los días previos al 21 de mayo, se contaría con poco más de seis meses para aprobar lo que parece ser una transformación profunda de la educación superior chilena. En consecuencia, esperamos que el Congreso se dé el tiempo necesario para escuchar a todos los actores que participan en el sistema, de modo que pueda tomar una decisión informada y apruebe una reforma que fomente el desarrollo institucional y cualitativo de nuestra educación superior.
Jaime Vatter Gutiérrez, rector nacional de la Universidad Santo Tomás
