Sergio Silva
Insistiendo en que volverán a ocupar las tierras de la forestal Anchile en San Juan de la Costa y reiterando que les pertenecen al tener un documento de reconocimiento de herencia ancestral mapuche, se retiraron ayer desde el Tribunal de Garantía de Osorno los integrantes de la familia Pailahueque Llaitul.
Ello, luego que seis de los 18 detenidos la tarde del domingo por tomarse el predio forestal de Anchile, fueran formalizados por los delitos de agresión a Carabineros (uno) y oponerse al accionar policial (otros cinco).
Querella y defensa
La superficie corresponde al fundo Quimey, que se ubica en el sector río Contaco en el kilómetro 34 de la Ruta U-400 al mar.
"La tarde del domingo se generó el desalojó de las personas desde un predio ocupado de manera ilegal, donde seis de los 18 detenidos fueron formalizados por oponerse al abandono de manera pacífica resistiéndose al actuar de carabineros. Además una de estas personas agredió a un funcionario de Fuerzas Especiales, el cual resultó herido", detalló la fiscal María Angélica de Miguel.
Las personas que son investigadas ahora por la Fiscalía fueron dejados en libertad por el juez Alex Francke, quien resolvió acoger las cautelares de la Fiscalía de firma mensual en Carabineros, arraigo nacional y prohibición de acercarse al predio.
Para la defensora de los seis imputados (tres hombres y tres mujeres) Soledad Llorente, en la audiencia y como una forma de decretar ilegal la detención, expresó que "la familia insiste en tener un documento que los acredita de manera ancestral ser propietario de los terrenos del Fundo Quimey. En cuanto a las lesiones, el imputado es retirado por al menos seis uniformados, obviamente que hay parámetros de uso de la fuerza y se trató de un desalojo violento", dijo la abogada.
Esta ocupación del predio generó que el intendente regional Leonardo de la Prida, a través de su asesor jurídico, presentará una querella.
"Hay que investigar la ocurrencia de estos hechos que causan conmoción pública, al informar que 40 personas ingresan a un predio", detalló el intendente y a la vez abogado, quien además fue fiscal de la Fiscalía Centro Norte entre los años 2004 y 2010.
"Tenemos que respetar el estado de derecho. Aquí es un tema puntual de una familia, que según sabemos fue inquilina y cuando la forestal compra los terrenos ellos debieron hacer abandono del lugar", expresó de la Prida, manifestando que las cosas se solucionan acudiendo a los tribunales. "Son ellos quienes deben resolver este tipo de situaciones", remarcó la autoridad.
Década de los '90
Como un hecho que los sorprende y del cual desconocían todo tipo de antecedente reivindicatorio de los terrenos, se mostraron ayer los representantes de la forestal Anchile, propietaria del lugar.
Así lo expreso Carlin Martínez, subgerente de administración de la empresa, que mantiene una plantación de eucaliptos en el sector.
"No sabemos el motivo por el cual hicieron esta toma (...) por lo que supimos ellos hablan de recuperar unas tierras, pero nosotros acreditamos con papeles la compra del predio que viene de los años '90, la cual fue adquirida a un particular de ese tiempo, desconociendo que hayan sido de familias indígenas", expresó el ejecutivo, quien manifestó que están evaluando tomar alguna acción judicial.
Por su parte la vocera de la familia Pailahueque Llaitul, Lina Piniao Llaitul, junto con cuestionar el actuar de la fuerza pública, manifestó que este es un conflicto que recién comienza y por el cual no van a parar.
"Nosotros estamos reclamando lo que es justo, nuestra herencia que nos dejaron nuestros abuelos como lo es la tierra. Aquí hay leyes internacionales que nos amparan y documentos, pero nada es respetado. Nosotros vamos a volver a nuestro hogar cueste lo que cueste", manifestó Piniao.
Por su parte Efraín Antriao, cacique de Rahue, lamentó que no se les reconozca la nación mapuche.
"Aquí empieza un litigio y vamos a recuperar las hectáreas que les corresponde a esta familia. Lamentablemente la Conadi es del Estado y no apoya íntegramente las necesidades de las comunidades", sostuvo Antriao.
Para garantizar que no se registre una nueva ocupación del predio, la Fiscalía dispuso que carabineros mantenga una vigilancia en el sector y patrullajes en su interior.
De registrarse nuevamente un ingreso de las familias, ellos estarían incurriendo en un desacato.
"Hay leyes internacionales que nos amparan, pero nada es respetado. Vamos a volver a nuestro hogar cueste lo que cueste"
Lina Piniao, Vocera de la familia
"Tenemos que respetar el estado de derecho, aquí es un tema puntual de una familia que según sabemos fue inquilina"
Leonardo de la Prida, Intendente