En lo que ya se está convirtiendo en una inquietante constante, la semana pasada se conoció de un nuevo y grave episodio de contaminación de un curso de agua en la comuna de Osorno, esta vez en el estero Pichipichil, que en su desembocadura al río Rahue, a sólo 20 kilómetros de la capital, exhibía evidentes muestras físicas del escurrimiento de desechos -una capa blanca en la superficie-, además de un olor nauseabundo que hacía casi imposible permanecer en el lugar. De acuerdo a los lugareños, la pestilencia se empezó a notar en primavera y particularmente desde las 8.30 horas de la mañana de cada día, con olores que aparentan provenir de purines y lana de cordero quemada.

Lo que para ellos era hace unas décadas un sitio en el que los niños podían nadar en los meses de verano, hoy se ha transformado en un lunar que curiosamente tiene en el borde un letrero que advierte sobre la peligrosidad de bañarse, pero no por el torrente, sino que expresamente por tratarse de "aguas contaminadas". La denuncia ya se formuló ante las autoridades medioambientales, las que, según el ritmo de las acciones del Estado, probablemente tardarán más tiempo del apropiado en identificar las causas del escurrimiento de desechos en el estero y a los responsables.

Lamentablemente, la opinión pública está asistiendo, desde hace unos meses, a un incremento en los capítulos de contaminación de los cursos fluviales de la zona, algo poco comprensible si se considera la crisis agrícola derivada de la sequía y el desalentador panorama local y mundial por las dudas que hay respecto del abastecimiento de agua para la población. Es hora de que las autoridades agudicen la fiscalización que se supone se realiza sobre los ríos y esteros, pero también para que los ciudadanos y las empresas asuman que estos cauces no están para recibir los desechos, sino que para albergar vida allá donde van. En el caso del estero Pichipichil, su contaminación no se produjo por casualidad. Es difícil que tal nivel de suciedad haya sido causa de un error o una omisión.

La igualdad ha sido el eje central del Gobierno de la Presidenta Bachelet y es también el eje del proyecto de ley que introduce mayor equidad en la relación de trabajadores y empleadores dentro de la empresa -conocida como Reforma Laboral- y que esta semana fue votado por la sala del Senado.

En Chile, la relación entre empleadores y empleados ha sido históricamente muy inequitativa, siempre en favor de los primeros.

Para que esta realidad cambie, y los trabajadores tengan más poder de negociación colectiva, hay que fortalecer los sindicatos. Esta convicción anida en el corazón de los compromisos del Gobierno, y constituye a la vez un elemento central en las reivindicaciones de los trabajadores. Nos anima la idea de que, una vez que este proyecto sea ley, Chile será un poco más justo y el Gobierno -que en estos días alcanza la mitad de su período- habrá cumplido una promesa más.

Como era esperable, la derecha se ha alineado casi completamente con el sector empresarial. Es lamentable, pues así como no hay una política sana sin partidos políticos sólidos, no hay negociación colectiva real sin sindicatos fuertes. Esa fortaleza sindical es la que permite equilibrar las relaciones entre trabajadores y empleadores.

Sin embargo, la oposición se empeña en mostrar a los sindicatos y a las huelgas como amenazas para la existencia de las empresas e incluso para los propios trabajadores, cuando en verdad la sindicalización y la huelga constituyen derechos fundamentales y así se ha encargado de confirmarlo, una vez más, la propia Corte Suprema en un fallo reciente.

¿Por qué algunos derechos de la Constitución son tan preciados para la derecha, mientras otros son objeto de sospecha? La oposición siempre está dispuesta a limitarlos, pero nunca a asegurarlos.

Lo que piden los trabajadores es que lo establecido por la ley sea realidad y no letra muerta: si hay huelga, que sea efectiva. Si hay conquistas, que sean para los que hicieron los sacrificios. Si hay prácticas desleales, que sean duramente sancionadas.

Hasta ahora, los empleadores han recurrido a diversas fórmulas para burlar la negociación colectiva, el ejercicio del derecho a huelga y la creación de sindicatos. El reemplazo externo y la extensión de los beneficios a los trabajadores no sindicalizados son algunas de ellas. Pero el país ya está harto de las trampas, aunque se disfracen de legalidad. Uno de los méritos de la Reforma Laboral es que pone fin a estos engaños.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por Los Lagos