Ana María Aceitón

Con una sensación de pesar y desconcierto se ha mantenido desde el martes la comunidad educativa de la Universidad de Los Lagos, especialmente el rector Óscar Garrido.

Y es que según cuenta, hasta el lunes estaba totalmente confiado en que la casa de estudios que representa sería parte de una ley que habían estado esperando desde hace más de 10 años: la gratuidad para los alumnos más vulnerables de las universidades estatales.

Sin embargo, el martes se dio a conocer a través de los medios de comunicación la propuesta gubernamental de una "ley corta", por medio de la cual se pretende entregar el beneficio a los planteles que cumplan ciertos requisitos.

Dicha propuesta le cayó como un balde de agua fría, pues uno de los requisitos apunta a que las instituciones deben estar acreditadas por cuatro años o más, punto que precisamente no cumple la casa de estudios superiores local, que sólo posee tres años.

Días de caos

Desde ese momento tanto el rector, estudiantes y los funcionarios se comenzaron a movilizar a través de marchas y gestiones entre los rectores del Consorcio de las Universidades del Estado de Chile (Cuech) y del Consejo de Rectores, para evitar que los 5 mil estudiantes de la región y los otros miles de la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Universidad Arturo Prat -las otras dos excluidas- queden sin el beneficio de la gratuidad.

Incluso, el jueves enviaron una carta a la Mandataria donde le solicitaron cumplir su promesa de entregar educación superior gratuita a todas las universidades estatales pertenecientes al Consejo de Rectores.

-¿Cuál es la reflexión que ha podido hacer en estos días, respecto a esta "ley corta" y cómo su aprobación afectará a la educación pública en la Región?

-Estamos en un momento de mucha desazón y decepción, dos conceptos que definen muy bien a los miembros de la comunidad universitaria, porque sentimos que una elite acotada de poder y decisión no está ponderando la importancia y el rol que tiene una universidad del Estado en Región y particularmente la universidad nuestra donde 5 mil estudiantes pueden quedar fuera de un beneficio que se ha gestado desde sus aulas.

Por eso, Garrido dice que "creo que nos hemos visto profundamente perjudicados por una iniciativa que funciona como una reacción ante la presión política que se ha ejercido desde la oposición (...) y que por la falta de convicción del equipo de Gobierno que acompaña a la Presidenta, ha terminado por desvirtuar el objetivo inicial de la gratuidad que era entregar educación pública gratuita para la educación superior".

-¿Cree que se le ha doblegado la mano al Gobierno al excluir a universidades estatales y sumar a privadas con fines de lucro?

-Sin duda que así ha sido y también se ha perdido el sentido de gratuidad que se había planteado ideológicamente y que era el que se nosotros como rectores de universidades estatales buscamos, que va más allá de ver que quienes tienen dinero para pagar paguen y los que no estudien gratis. La gratuidad tiene un sentido de integración social que se basa en un sistema de educación de calidad, donde puedan compartir los ricos y los pobres sentados en las mismas salas de clases, porque eso es lo que le hace bien al país. Pero al contrario de eso tenemos un sistema educativo que sigue segregando a quienes tienen para pagar y quienes no.

Apoyo

-¿Qué espera ahora del rol de los parlamentarios para poder dejar sin efecto la exclusión de las estatales?

-Espero que los parlamentarios, al menos los de la Nueva Mayoría y la Región, se alineen con el programa de Gobierno que la Presidenta estableció y que cuando se dice "vamos a fortalecer el eje público de la educación" ahí estén los votos para aprobarla, pero también para rectificar con indicaciones para que ello se cumpla. Además, pienso que sería bueno que los parlamentarios de la Región estén dispuestos a trasparentar sus convicciones para que la comunidad pueda saber quiénes están y quiénes no están en ese camino.

-En caso de que esta "ley corta" se apruebe, ¿estaría dispuesto a aceptar los aporte adicionales que se estiman para las universidades estatales que no cumplan con los requisitos para la gratuidad?

-Con los días la propuesta ha ido evolucionando y ahora se habla de que las tres universidades que estaban quedando excluidas se integrarían con la salvedad de recibir aportes especiales para lograr la acreditación necesaria, pero mientras no haya nada firmado no se puede creer nada, porque hace un par de días nunca habría pensando que una universidad como la nuestra iba a estar fuera de la gratuidad bajo ningún caso. La situación tendría que ser muy compleja para que las tres estatales quedaran fuera de la gratuidad, y la Presidenta tendría que decir "fracasé con una de las aspiraciones más importantes de mi Gobierno" y asumir el costo que eso significa, porque si no se incluyen a las estatales, la Presidenta va a tener que reconocer que falló.

El lunes el rector se reunirá con sus pares del Cruch para esperar el falló del Tribunal Constitucional en Santiago y saber directamente la situación en que quedará la única universidad estatal de Los Ríos al sur del país.

"La falta de convicción del equipo de Gobierno que acompaña a la Presidenta, ha terminado por desvirtuar el objetivo inicial de la gratuidad"

entrevista. Óscar garrido, rector de la Universidad de Los Lagos: