Al finalizar cada año se instala una Mesa del Sector Público que reúne a 15 organizaciones de trabajadores estatales y que es coordinada por la CUT para dialogar y negociar con los ministerios de Hacienda y del Trabajo y establecer compromisos en materias laborales, sociales y de derechos colectivos para sus afiliados.

Resumiendo las demandas para este año son cinco: reajuste real de remuneraciones, estabilidad laboral y carrera funcionaria, fin a la precariedad laboral en el Estado, no más AFP y jubilaciones dignas, y protección de maternidad para todas las funcionarias públicas.

Tras cinco reuniones efectuadas los avances son bastante limitados, en especial lo referido al reajuste anual de remuneraciones y beneficios económicos que represente en realidad la pérdida del poder adquisitivo generado por las diversas condiciones del país durante el período. Hasta la redacción de la presente, las cifras que se manejaban son las siguientes: la CUT partió solicitando un 8% de reajuste a las remuneraciones, que posteriormente se había quedado en 7%, a lo cual el Ministerio de Hacienda respondió ofreciendo un 3%, lo que posteriormente habría subido a un 3,5%.... es decir, menos de la mitad esperada por los trabajadores.

Ante esta situación, las diversas organizaciones gremiales y sindicales han establecido un calendario de movilización nacional de apoyo a todas las demandas para este fin de semana, el cual considera principalmente comunicación y expresión a través de actos en las ciudades.

Los profesores de Chile, como integrantes de la CUT participan de esta negociación transversal, enfatizando el tema que tanto dolor ha traído a las familias chilenas: no más AFP y jubilaciones dignas, sin olvidar que al respecto existen temas exclusivos pendientes, como la deuda histórica, cuya esperada respuesta fue rechazada por la totalidad del magisterio por imprecisa, dilatoria y ofensiva a la dignidad de los ancianos que se ilusionaron con una solución producto del trabajo de las mesas técnicas. Para que nunca más se abuse como se hizo con los docentes, la fuerza de los trabajadores unidos debe ser tan grande que logre lo imposible. Fuerza a la Mesa del Sector Público.

Elba Vargas, vicepresidenta

provincial del Colegio de Profesores

Hoy se cumplen 16 años desde que Jorge Matute Johns desapareció la madrugada del 20 de noviembre de 1999 en la discoteca La Cucaracha (Concepción), y tanto los familiares como la ciudadanía aún esperan que se encuentre a los responsables de su muerte.

La ministra del caso, Carola Rivas, ha señalado que "Coke" ingirió por vía oral y a través de una cápsula el pentobarbital encontrado en sus restos tras la exhumación. A la vez, hace unos días ha expresado en una entrevista una serie de críticas a las policías, al mencionar que la calidad de los investigadores que participaron en las diligencias iniciales fue "de una incompetencia que es vergonzosa", que Carabineros fue un desastre en las primeras pericias, ya que los que actuaron en la causa no tenían las competencias para hacerlo. También ha expresado que los relatos que tomaron fueron manipulados de acuerdo a hechos que querían establecer, lo que conduce a que hay pruebas que no son confiables.

Los restos del joven fueron encontrados recién el 12 de febrero de 2004, en el kilómetro 22,6 de la ruta a Santa Juana. Sobre el caso hubo dos líneas de investigación, una llevada por Carabineros y otra por la PDI, que resultaron contradictorias. La primera indicaba que Matute murió tras una golpiza de los guardias al interior de La Cucaracha y que para encubrir un tráfico de drogas hicieron desaparecer el cuerpo. La segunda, planteaba que el universitario murió tras recibir una golpiza de un grupo de jóvenes al exterior de la discoteca.

La magistrada ha señalado que se mantiene la tesis del homicidio y que hubo intervención de terceros, pero una de las claves para resolver el enigma es cómo llegó ese barbitúrico a su organismo. Es comprensible el dolor que mantiene la familia, si se considera que no se ha logrado esclarecer bien qué ocurrió y quiénes son los culpables. Es indiscutible que hubo pistas falsas y contradicciones entre la actuación de Carabineros y la PDI, lo que minó la confianza de la familia y de la opinión pública.

Mientras no se llegue a la verdad, la justicia y sus organismos auxiliares seguirán en deuda con los afectados y con ellos mismos, considerando que si bien ha habido avances, no se ha llegado a individualizar a los responsables.