Una noticia muy triste es la que se ha desarrollado en los últimos días en torno al caso de la joven ingeniera comercial valdiviana María Carolina Hidalgo Aguilera, quien fue encontrada sin vida frente al muelle de Niebla, después de casi un mes desaparecida.

El dolor de la familia y de todos los cercanos es profundo y sin consuelo. Además, todavía queda el largo camino de la investigación para dilucidar con claridad qué fue lo que ocurrió con la joven de 28 años, que fue hallada en el agua dentro del automóvil que conducía el 30 de septiembre, el día en que se perdió su rastro.

Sin duda que será necesaria mucha fuerza para enfrentar todo el proceso posterior a esta experiencia traumática.

Sin embargo, pese a esos elementos negativos, este caso tiene un desenlace que permitirá, al menos, descansar de la búsqueda a sus seres queridos. Algo muy diferente a lo que sucede con los padres de Carlos Millán y de Yordan Fernández, por ejemplo, que suman décadas sin obtener ningún antecedente sobre sus hijos, cuyas causas se encuentran detenidas investigativamente, en espera de antecedentes que permitan realizar más diligencias.

A esos nombres se suman otros publicados en reiteradas ocasiones de personas perdidas en la zona sur, sin dejar huellas. El más reciente corresponde al de Hasper del Río Nactoch, la alumna del Instituto Comercial de Osorno que salió un día desde su casa rumbo a clases, pero nunca más fue vista por su familia ni compañeros de curso. Del hecho han pasado siete años y medio, en los cuales poco se ha logrado avanzar.

La impotencia de estas familias, su angustia, es algo que no puede dejar indiferente a la comunidad, ni a las autoridades. Es necesario que las personas que tienen datos fidedignos los entreguen a través de los canales que corresponda y que sean responsables con ellos, sobre todo para no crear falsas expectativas, ni distraer los medios dispuestos para la investigación.

Desde este caso tan doloroso, es necesario volver la mirada hacia otros que aún permanecen sin resolver en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

En Chile, la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ha sido un tema demasiado postergado. Tanto los afectados como sus familias han manifestado durante años y en distintas formas, la necesidad de hacer frente a ésta, que es una deuda del Estado Chileno con un grupo de ciudadanos que sufrió -por razones políticas- la pérdida de sus derechos fundamentales y que fue encarcelada sin un debido proceso y sometida a apremios ilegítimos.

Como resultado, estos compatriotas sufrieron no sólo daños físicos y psicológicos, vieron dañada también su reputación y su dignidad, y perdieron oportunidades, trabajo e ingresos, porque la sociedad cerró por años sus ojos frente a ellos. El proyecto aprobado esta semana por el Senado plantea, en términos formales, la entrega de un bono de un millón de pesos que se pagará, por una sola vez, a las víctimas reconocidas por el Estado de Chile, calificadas como tales en las nóminas de los Informes Valech I y Valech II, y que en el caso de cónyuges sobrevivientes de los titulares ahora fallecidos será de 600 mil pesos. Sabemos que hay quienes aún se incomodan con estos temas. Que rehúyen o postergan cualquier discusión sobre derechos humanos, o peor aún, que asumen que estas iniciativas son una suerte de favor político. Incluso aún quedan aquellos que prefieren seguir creyendo que la dictadura no violó los derechos humanos, escudándose así en la trinchera de la negación para no admitir lo evidente.

El caso es que esos hechos sucedieron y que en 1991 el Estado Chileno aceptó su responsabilidad en la violación a los DDHH mediante la tortura y la prisión política evidenciadas en el informe Rettig, que consignaba también la necesidad de una reparación moral y material como objetivo último de la transición hacia la democracia.

Por eso este proyecto no es un favor para un grupo de personas. La reparación debe ser entendida como un derecho, no como un beneficio ni una asistencia social. Y el Estado tiene el deber de garantizar el cumplimiento de ese derecho, en este caso a través de una indemnización apropiada. Quienes fueron víctimas de prisión política y tortura en Chile ya han sufrido demasiado.

Nunca debieron pasar por el trauma de la pérdida de libertad y del apremio ilegítimo. Espero que la restitución de este derecho sea un paso que permita avanzar en la creación de una entidad pública que se haga cargo de los derechos de justicia y reparación.

Senador de la República. Región de Los Lagos.

Rabindranath Quinteros Lara.