No hay duda que en el mediano plazo la ciudadanía tendrá el derecho de elegir de forma directa a la máxima autoridad regional, el Intendente; y de esta forma Chile consolidará una descentralización política, sustentada en la creación de leyes orgánicas constitucionales para el regional y municipal; y sobretodo lograr la elección directa de las autoridades territoriales más importantes del país.

Sin embargo, el Proyecto de reforma constitucional, enviado por la Presidenta de la República, que regulará la elección popular del intendente regional, contiene a lo menos aspectos que pueden confundir a cualquier ciudadano. Por ejemplo, la propuesta de reforma constitucional establece la creación de un nueva figura/cargo en cada una de las regiones, denominado Gobernador Regional, designado por el Presidente de la República, y entre sus funciones deberá "coordinar, supervigilar y fiscalizar el accionar de los órganos públicos desconcentrados del nivel central en la región (secretarios regionales ministeriales y directores regionales de servicios)".

Es decir, tendremos dos autoridades de nivel regional, uno electo por la comunidad regional, y la otra designada por el nivel central; y al parecer ambos cargos (tal como se expresa en el proyecto de ley) con la facultad de armonizar las acciones y esfuerzos de diversos ministerios y servicios públicos a nivel regional. Por lo tanto, los gobiernos regionales quedan a la deriva, frente a un escenario de gran incertidumbre sobre su verdadero rol e injerencia en el quehacer regional, más aún si no existe claridad sobre el real alcance y facultades que tendrá el intendente regional electo.

En este contexto, surge la interrogante ¿por qué dos autoridades regionales con distintos niveles de legitimidad - electo y designado -, tienen funciones similares? ¿Cómo se relacionarán ambas autoridades regionales en pos del desarrollo de la región? ¿Qué se pretende con la creación del Gobernador Regional? Al leer el proyecto de ley, estas interrogantes no logran respuestas; por el contrario, surgen dudas y por qué no decirlo suspicacia sobre la real voluntad del gobierno central en avanzar en procesos más profundos de descentralización administrativa y fiscal hacia las regiones.

Guillermo Díaz López Profesor asociado - Investigador Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Local (CEDER) ULagos

El paro de los funcionarios del Registro Civil lleva más de 20 días y las negociaciones se mantienen estancadas. La dirigencia de los trabajadores ha señalado que están tal como cuando se inició la huelga, declarada para que el gobierno les pague beneficios supuestamente adeudados. En respuesta a ello, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, ha indicado que es incomprensible que personas que tienen promedios de sueldo de un millón 23 mil pesos al mes estén paralizadas, cuando los chilenos tienen un promedio de sueldo de 476 mil pesos. Y ha agregado que lo increíble de ello es que hay una negociación de todo el sistema público para el mejoramiento de las remuneraciones durante noviembre.

Difícil es explicar las motivaciones de la huelga a usuarios que llevan semanas peregrinando por las oficinas en busca de una cédula de identidad, de un pasaporte indispensable para viajar, cuando los pasajes aéreos ya se encuentran comprados, de la celebración de matrimonios, o para realizar trámites que son indispensables en un servicio como el Registro Civil. Para todas esas personas y muchas otras, queda la sensación de que en estos procesos de negociaciones son la moneda de cambio con la que se presiona para llegar a obtener beneficios económicos de un reducido grupo de trabajadores.

Era previsible el endurecimiento del conflicto. El gobierno enfrenta una situación y presupuestaria, en momentos en que la economía crece en forma lenta y se deterioran las arcas fiscales. Ello ha obligado a reasignar presupuestos y a postergar proyectos que ya estaban anunciados. Pero queda la duda de si las autoridades han hecho todo lo necesario para lograr una salida satisfactoria, y si han pensado en la situación de los usuarios que requieren documentos indispensables para sus actividades. Seguramente ambas partes tienen algo de razón en sus planteamientos, pero da la impresión de que no hay voluntad de sentarse a dialogar.

En los últimos meses se han hecho frecuentes las paralizaciones en el sector público. Las más recientes han sido de la Salud y de Gendarmería. Sin embargo, se echan de menos planes de contingencia más certeros, que permitan que los servicios sigan funcionando.