La Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer hace unos días los pasos que seguirá su administración para concretar uno de sus compromisos de campaña más importantes y, a la vez, desafiantes: el impulso a un proceso constituyente que termine con una nueva Carta Magna para nuestro país.
La iniciativa responde al rechazo -en su palabra- que genera la Constitución de 1980 que hoy rige en Chile, lo que le ha hecho valerse de críticas respecto a su validez y representación por distintos sectores de la sociedad nacional, especialmente políticos y organizaciones ciudadanas.
El proceso constituyente, como también se le ha llamado, está definido por ocho hitos por parte del gobierno, que son la educación cívica constitucional, diálogos ciudadanos, consejo ciudadano de observadores, reforma constitucional, comisión bicameral, convención constituyente mixta, asamblea constituyente y -finalmente- un plebiscito ciudadano.
La orgánica que se busca dar a esta iniciativa ha sido reconocida como una de sus principales fortalezas, junto con la representatividad que también se persigue. Probablemente ésta sea también una de las principales razones del retraso que tiene un proyecto que fue anunciado en diciembre de 2013 por la entonces candidata Bachelet, para ser presentado durante el primer año de su gobierno en 2014. Las postergaciones se han mantenido hasta hoy,
Parece claro que -en caso de concretarse esta idea- el proceso constituyente no podía ser de otra forma: gradual, participativo, analizado y con una visión de Estado.
Ciertamente quedan dudas de su posible ejecución. El grueso de las transformaciones dependerán del futuro Congreso y Ejecutivo; vale decir, perfectamente podrían quedar en nada.
Cambios de este calibre requieren pensar bien qué quiere hacerse, considerando que son las vigas estructurales de la Nación y sin olvidar que con las reformas al texto realizadas durante el mandato del ex Presidente Ricardo Lagos, fue celebrado que teníamos precisamente una nueva Carta Magna.