Representantes del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) se reunieron el lunes con el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, para tratar de despejar algunas dudas respecto a cómo se implementará el próximo año la gratuidad en las instituciones beneficiadas.

Incertidumbre es la palabra que más se repite cuando se habla de cómo el gobierno aplicará la gratuidad, que se iniciará en algunos planteles que cumplan con los requisitos establecidos. Incertidumbre que ha estado marcada por anuncios surgidos desde el Gobierno que han causado inquietud entre estudiantes y rectores de las casas de estudio y declaraciones que posteriormente han sido desmentidas, como la que realizara la propia ministra de Educación, Adriana Delpiano, acerca de que la gratuidad se financiaría por medio de becas.

La tensión aumenta con la ley de presupuestos que el Ejecutivo envió al Congreso para su trámite constitucional. El escenario de incertidumbre que enfrenta la reforma educacional está dado, por una parte, por el magro escenario económico que enfrenta nuestro país, con un nivel de crecimiento bajo y una menor holgura en recursos a raíz de la contracción del cobre a nivel internacional. Asimismo, porque los recursos que se captarán por la vía de reforma tributaria podrían ser insuficientes para la magnitud de la reforma que se pensó implementar. En segundo término, han surgido voces, como la del rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, en cuanto a que buscar financiar la gratuidad por medio de una glosa que se incluya en la ley de presupuesto podría resultar inconstitucional, por cuanto no puede el Estado entregar recursos a entidades privadas, pues incluso abriría la puerta a que Contraloría General de la República o el Tribunal Constitucional lo impugnaran.

Se aleja del compromiso presidencial, al utilizar un mecanismo de financiamiento que ya han usado otros gobiernos para reducir la carga económica que significa para las familias costear la educación. Esta incertidumbre también la están viviendo en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), quienes no han recibido información de primera fuente del Mineduc y no están seguros que el financiamiento que se logre realmente contribuirá a fortalecer la educación pública.

Tras el deterioro del escenario económico nacional, y con la implementación por parte del Gobierno de diversas iniciativas que buscan acotar las expectativas políticas y sociales del gasto público 2016, como Hogar de Cristo le suplicamos al Estado no olvidar en su discusión presupuestaria a los cinco millones de chilenos que actualmente viven algún tipo de pobreza, ya sea multidimensional o monetaria, y más aún a aquellos 950 mil que sufren ambas pobrezas de manera simultánea.

Ya el erario público en 2015 ha sido insuficiente para abordar las profundas brechas existentes en relación a las necesidades de esta población. Ejemplo de ello son los subsidios destinados a las Residencias de Adultos Mayores, los cuales ascienden mensualmente a alrededor de $90.000 por persona cuando el costo de cada adulto en uno de estos dispositivos es de aproximadamente $650.000; brecha a la que se suma la existente en términos de cobertura, pues estos montos cubren sólo a seis mil personas mayores, en momentos que las estimaciones indican que son más de 15 mil quienes lo requieren.

Se trata en su mayoría de adultos mayores postrados que necesitan de cuidados socio sanitarios permanentes.

Algo similar ocurre con los 21 mil niños, niñas y adolescentes pobres monetarios y multidimensionales que actualmente no asisten a un establecimiento educacional, y a quienes las discusiones reformistas han dejado totalmente afuera. En este sentido, nuestro sistema educacional no contempla una modalidad de escuela de reinserción educativa que dé una respuesta pertinente a estos niños, considerando sólo opciones parciales como son los proyectos de re-escolarización.

A ellos claramente poco les importan las reformas y menos aún han salido a las calles a marchar contra un sistema que los excluye, pues su vida está marcada por la marginalidad, la calle, los abusos y ambientes poco protectores que requieren, precisamente, pensar como respuesta la escuela y no solo los exámenes libres, pues el problema no es puramente de alcance académico sino también socio cultural.

Ni hablar de las personas en situación de calle. Pese a que como país hemos ido avanzando en los apoyos dirigidos a este grupo de nuestra población, aún los recursos están mayoritariamente destinados a medidas transitorias durante el periodo invernal y no a soluciones que enfrenten este problema de manera permanente. Es por ello que esperamos que las temidas restricciones presupuestarias que se anuncian para el 2016, no alcancen a poblaciones que se encuentran gravemente vulneradas de sus derechos.

Verónica Monroy Directora Social Nacional Hogar de Cristo