Algunos organismos de salud han informado la alta incidencia que tienen las depresiones como causal de licencias médicas presentadas por trabajadores y este antecedente permite reflexionar sobre varios aspectos relacionados con la calidad de vida. Se trata de un problema directamente relacionado con la satisfacción y con los niveles de armonía en los cuales se desarrolla una persona.

Según la definición, una depresión puede ser reconocida como un trastorno mental frecuente, eventual o crónico, dependiendo de cada paciente afectado y que debe ser tratado médicamente, por el gran riesgo vital que implica en sus estadios más críticos.

Lamentablemente, su ocurrencia va en aumento. Se sabe que dos de cada diez chilenos ha pasado por alguna situación de este tipo a lo largo de su vida y que en el mundo hay 350 millones de personas afectadas por ella, en sus diferentes grados. Los pacientes de mayor riesgo son los adolescentes (8% en Chile), por lo cual se recomienda la intervención temprana de especialistas. Por lo mismo, se trata de una enfermedad incluida en el plan Auge (para mayores de 15 años) y frente a la cual es necesario estar alertas, pues se encuentra vinculada a la mayoría de los suicidios de jóvenes.

En este último punto conviene detenerse, pues también se trata de una enfermedad muy incomprendida y silenciosa, sobre la cual hay una serie de estigmas de tipo social que la encubren y que impiden su pesquisa temprana, algo que pone a los pacientes en un riesgo mayor.

En el ámbito laboral suele ser una situación compleja de abordar, pero acerca de la cual conviene abrir conversaciones que incluyan los niveles de estrés a los cuales está sometido cada trabajador, sus grados de pertenencia al grupo, su satisfacción con las propias labores.

También la calidad del empleo influye en la forma en que una persona se desempeña diariamente y los niveles de satisfacción que alcanza. Jefes y compañeros de trabajo tienen mucho que aportar en esta dirección, para prevenir la ocurrencia y pesquisar los casos a tiempo, para que reciban ayuda especializada.

En el confuso escenario que enfrenta la reforma educacional, las Universidades Estatales hemos planteado al gobierno una serie de medidas para avanzar no solo en la política de gratuidad, sino en la transformación de la educación superior mediante la revalorización del sistema estatal. El documento entregado al gobierno sistematiza la postura de nuestras instituciones y busca enriquecer el diálogo con la sociedad, el gobierno y los parlamentarios.

Considerando los desafíos del país y la misión compartida de las universidades estatales, la propuesta plantea que el sistema estatal funja como una red articulada para potenciar la acción colaborativa en materias de docencia, investigación, innovación, creación y extensión. También se abordan medidas para avanzar en el fortalecimiento institucional mediante un mayor y permanente financiamiento del Estado, mayor flexibilidad administrativa, y el establecimiento de normas comunes de gobierno y gestión universitaria. Expone, además, diez medidas concretas a corto plazo para avanzar en el financiamiento, entre las que destaca, generar un proyecto de expansión de la matrícula superior estatal y establecer un plan especial para universidades estatales históricamente postergadas.

Con esta propuesta, las universidades estatales hemos querido ratificar nuestro apoyo a la Gratuidad en 2016, ya que de no implementarse se afectará a los estudiantes talentosos de los sectores más vulnerables. A la vez, se pretende reorientar la discusión pública a la transformación del sistema tal como originalmente fue planteado por la Presidenta Bachelet en su programa de gobierno, donde se comprometía el fortalecimiento de la educación pública mediante un trato preferente con las universidades estatales.

En el fondo del planteamiento subyace la necesidad de un cambio de paradigma, que supone romper con la lógica neoliberal de tratar la educación como un bien de consumo y a los estudiantes como consumidores, para dar un paso definitivo a que ésta sea concebida como un derecho social, que reconozca y resignifique la educación pública estatal. El trato preferente, a su vez, debe ir acompañado de una importante inyección de recursos para el sistema estatal que fue históricamente postergado por el modelo implementado en tiempos de la dictadura.

Óscar Garrido Álvarez Rector Universidad de Los Lagos