El subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, anunció que la primera semana de octubre la Comisión de Gobierno del Senado comenzará el estudio en particular del proyecto de reforma constitucional que permitirá la elección democrática de los intendentes regionales.

Así lo planteó a un grupo de parlamentarios y dirigentes de partidos de oposición que llegó hasta el Palacio La Moneda para presentar una propuesta sobre descentralización, encuentro que fue presidido por el ministro del Interior, Jorge Burgos.

De esta forma, la autoridad responde a algunas dudas planteadas las últimas semanas, respecto de la celeridad con que la actual administración ha impulsado las propuestas orientadas a dotar a las regiones de un mayor poder de decisión sobre sus propias estrategias de desarrollo y de administración pública, tarea por cierto sumamente compleja y que no se limita a lo actualmente en agenda.

Tras confirmar el avance que se espera tener de la iniciativa de elección de intendentes, el subsecretario Cifuentes valoró la iniciativa de los parlamentarios de la Alianza por Chile, ya que "demuestra que el impulso que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet le está dando al fortalecimiento de las regiones y comunas del país, es una visión compartida por todos los sectores políticos", señaló.

Cifuentes recordó que en la votación en particular del proyecto sobre fortalecimiento de la regionalización, el traspaso de competencias se ha aprobado por unanimidad, es decir, con los votos favorables de los diputados de gobierno y oposición.

Por ultimo, la autoridad informó la iniciativa sobre financiamiento regional y municipal y de responsabilidad fiscal será ingresado al Congreso Nacional durante este semestre, "una vez que la Cámara de Diputados despache el proyecto sobre traspaso de competencias", afirmó.

A su vez, la senadora Ena von Baer (UDI), manifestó la necesidad de que la Agenda de Descentralización "permita a las regiones no solo contar con más recursos, sino también la posibilidad de que ellas mismas decidan en qué van a invertir esos fondos, ya que la mayoría de los recursos que actualmente se destinan a los territorios son sectoriales, es decir, son bajados por los ministerios".

La presencia permanente, y en aumento, de la delincuencia juvenil en los medios de comunicación, coloca en tela de juicio la implementación de la Reforma a la Ley Penal Adolescente. Un estudio realizado por la Fiscalía nacional revela la reincidencia como un fenómeno central en este grupo etario, reconociendo una carrera delictual en una escala de tipos de delitos y uso de la violencia.

La demanda de un sector de la ciudadanía, respecto a la delincuencia juvenil, por un lado es aumentar la sanción penal ojalá a penas de privación de libertad y reducir la edad para ser sometido al procedimiento penal, entre otras, como forma de resolver el temor, la desconfianza y la cuestión de la seguridad. Por otro lado, critican la efectividad de la intervención social de reinserción y la rehabilitación.

Estas miradas apuntan a las consecuencias y no las causas de la delincuencia juvenil. Estas aíslan el fenómeno social a una realidad individual y desconocen el contexto social que determina esta situación. Uno de esos factores es la desigualdad, que lleva a un alto porcentaje de la población a estar en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

El estudio de la Fiscalía reconoce en el perfil de los infractores de ley adolescente factores comunes de baja escolaridad, deserción escolar, maltrato, abuso y abandono familiar transgeneracional, baja empleabilidad, condiciones de habitabilidad y entorno social precario.

La política criminal en nuestro país se caracteriza por privilegiar las articulación de acciones con el sistema penal por sobre la articulación con la política social. Con un Estado reducido en el campo de la política social el "Estado Policial" ocupa el centro del enfrentamiento de los problemas sociales.

Por eso no resulta extraño reconocer en las intervenciones sociales que se realizan con los jóvenes infractores de ley escasos resultados positivos si lo que se privilegia es el control social, focalizándose en el quebrantamiento, la acumulación de causas y sus reiterados procedimientos. Naciones Unidas ha desarrollado un modelo de atención de la vulnerabilidad psicosocial y psicopenal en Costa Rica y Uruguay que implica un cambio de la política criminal. Allí el sistema penal, la política social y la ciudadanía articulan la acción con un enfoque de prevención del conflicto psicosocial, abandono de la reincidencia del delito y reducción la exposición al control penal, a través de intervenciones destinadas a corregir las conductas delictivas con recursos familiares, grupales y comunitarios. Todo esto con un abordaje que involucra al joven, su entorno familiar, la comunidad y las instituciones sociales.

Ana Fuentealba Alday Académica Escuela Trabajo Social UNAB

El subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, anunció que la primera semana de octubre la Comisión de Gobierno del Senado comenzará el estudio en particular del proyecto de reforma constitucional que permitirá la elección democrática de los intendentes regionales.

Así lo planteó a un grupo de parlamentarios y dirigentes de partidos de oposición que llegó hasta el Palacio La Moneda para presentar una propuesta sobre descentralización, encuentro que fue presidido por el ministro del Interior, Jorge Burgos.

De esta forma, la autoridad responde a algunas dudas planteadas las últimas semanas, respecto de la celeridad con que la actual administración ha impulsado las propuestas orientadas a dotar a las regiones de un mayor poder de decisión sobre sus propias estrategias de desarrollo y de administración pública, tarea por cierto sumamente compleja y que no se limita a lo actualmente en agenda.

Tras confirmar el avance que se espera tener de la iniciativa de elección de intendentes, el subsecretario Cifuentes valoró la iniciativa de los parlamentarios de la Alianza por Chile, ya que "demuestra que el impulso que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet le está dando al fortalecimiento de las regiones y comunas del país, es una visión compartida por todos los sectores políticos", señaló.

Cifuentes recordó que en la votación en particular del proyecto sobre fortalecimiento de la regionalización, el traspaso de competencias se ha aprobado por unanimidad, es decir, con los votos favorables de los diputados de gobierno y oposición.

Por ultimo, la autoridad informó la iniciativa sobre financiamiento regional y municipal y de responsabilidad fiscal será ingresado al Congreso Nacional durante este semestre, "una vez que la Cámara de Diputados despache el proyecto sobre traspaso de competencias", afirmó.

A su vez, la senadora Ena von Baer (UDI), manifestó la necesidad de que la Agenda de Descentralización "permita a las regiones no solo contar con más recursos, sino también la posibilidad de que ellas mismas decidan en qué van a invertir esos fondos, ya que la mayoría de los recursos que actualmente se destinan a los territorios son sectoriales, es decir, son bajados por los ministerios".

La presencia permanente, y en aumento, de la delincuencia juvenil en los medios de comunicación, coloca en tela de juicio la implementación de la Reforma a la Ley Penal Adolescente. Un estudio realizado por la Fiscalía nacional revela la reincidencia como un fenómeno central en este grupo etario, reconociendo una carrera delictual en una escala de tipos de delitos y uso de la violencia.

La demanda de un sector de la ciudadanía, respecto a la delincuencia juvenil, por un lado es aumentar la sanción penal ojalá a penas de privación de libertad y reducir la edad para ser sometido al procedimiento penal, entre otras, como forma de resolver el temor, la desconfianza y la cuestión de la seguridad. Por otro lado, critican la efectividad de la intervención social de reinserción y la rehabilitación.

Estas miradas apuntan a las consecuencias y no las causas de la delincuencia juvenil. Estas aíslan el fenómeno social a una realidad individual y desconocen el contexto social que determina esta situación. Uno de esos factores es la desigualdad, que lleva a un alto porcentaje de la población a estar en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

El estudio de la Fiscalía reconoce en el perfil de los infractores de ley adolescente factores comunes de baja escolaridad, deserción escolar, maltrato, abuso y abandono familiar transgeneracional, baja empleabilidad, condiciones de habitabilidad y entorno social precario.

La política criminal en nuestro país se caracteriza por privilegiar las articulación de acciones con el sistema penal por sobre la articulación con la política social. Con un Estado reducido en el campo de la política social el "Estado Policial" ocupa el centro del enfrentamiento de los problemas sociales.

Por eso no resulta extraño reconocer en las intervenciones sociales que se realizan con los jóvenes infractores de ley escasos resultados positivos si lo que se privilegia es el control social, focalizándose en el quebrantamiento, la acumulación de causas y sus reiterados procedimientos. Naciones Unidas ha desarrollado un modelo de atención de la vulnerabilidad psicosocial y psicopenal en Costa Rica y Uruguay que implica un cambio de la política criminal. Allí el sistema penal, la política social y la ciudadanía articulan la acción con un enfoque de prevención del conflicto psicosocial, abandono de la reincidencia del delito y reducción la exposición al control penal, a través de intervenciones destinadas a corregir las conductas delictivas con recursos familiares, grupales y comunitarios. Todo esto con un abordaje que involucra al joven, su entorno familiar, la comunidad y las instituciones sociales.

Ana Fuentealba Alday Académica Escuela Trabajo Social UNAB