Ley de Inclusión Educativa
Esta semana la Ministra de Educación Adriana Del Piano, dio a conocer que en el marco de la aplicación de la Ley de Inclusión aprobada en enero pasado, 739 colegios particulares subvencionados pasarán a ser completamente gratuitos el 2016 y solo 20 permanecerán como particulares pagados. Incluso algunos colegios, con el aporte del estado, recibirán muchos más recursos de los que percibían de las familias de sus estudiantes, con lo cual contarán con mayores posibilidades de invertir en áreas o ámbitos que impacten en la calidad educativa.
Es cierto que estos colegios corresponden a aquellos con menor copago y que representan un porcentaje bajo en relación a los más de 6.000 que están en la misma condición: así lo determina la gradualidad en la implementación de la ley. Sin embargo, nadie podría dudar que para las 228 mil familias favorecidas en esta primera etapa -probablemente muchas de ellas vulnerables- la gratuidad significará un gran avance y por cierto un ahorro.
Aunque resulta pronto para elucubrar en torno al comportamiento futuro del resto de los colegios, es importante señalar que al menos para estos primeros la gratuidad no supuso la obligación de cerrar, ni tampoco una amenaza para la libertad de elección de las familias o el desarrollo de los proyectos educativos por los cuales han optado. Simplemente ha significado, ni más ni menos, la consolidación y restitución de un derecho ciudadano.
Por lo mismo resulta curioso que ninguno de los agoreros del mal como la CONFEPA, la derecha política y otros actores sociales, hoy levante la voz para insistir en su férrea oposición a la gratuidad, argumentando que ésta ponía en riesgo la continuidad de los colegios. Curioso que no inviertan dinero, realicen videos ni organicen marchas para explicarles a las familias de estos 739 colegios que la gratuidad es una acción propia de un estado totalitario destinada a conculcar su posibilidad de elegir.
Al parecer la porfiada realidad les ha mostrado -es de esperar que sea así- que después de todo consagrar derechos no es un acto que coarta la libertad de pensamiento ni menos la posibilidad de emprender, por el contrario es un avance en la democratización y en la generación de una sociedad más justa y equitativa.
Rolando Poblete, docente Fac. de Ciencias de la Educación, Universidad Central
La Masacre del Seguro Obrero
El 5 de Septiembre de 1938. Fecha fatídica en la que más de sesenta jóvenes idealistas fueron asesinados en el edificio del Seguro Obrero -hoy el Ministerio de Justicia-, al amparo de la orden del mismísimo Presidente de la República, Arturo Alessandri Palma ("Mátenlos a todos").
El general de Carabineros Humberto Arriagada Valdivieso, de vuelta de una "farra" fue uno de los ejecutores, fusil en mano, secundado por los coroneles González y Pesoa.
Los jóvenes, ya rendidos, fueron vilmente asesinados y sus cuerpos golpeados y en algunos casos, mutilados. El crimen no terminó allí: algunos cuerpos fueron arrojados por las ventanas durante aquella noche.
Con este asesinato ritual se puso fin a la posibilidad -encarnada en estos jóvenes- que Chile fuese un país con valores y con un destino trascendental, ajeno a la decadencia y corrupción que hoy impera por la fraternal alianza de derecha-izquierda.
La estatua de Alessandri, significativamente, se yergue hoy como siniestro hito en el frontis del Palacio de La Moneda.
Rafael Videla Eissmann
Acostumbramiento
Sin justificar las irregularidades de los políticos para financiar campañas con aportes empresariales - o para hacer leso al fisco en impuestos involucrados - estimo que el solicitar dinero a empresas ha sido un recurso normal desde muchos años, y cuando se produce el acostumbramiento, las fallas éticas y legales se arraigan y se aceptan como válidas, hasta que alguien le pone coto.
Deseo citar otro caso de cómo se está vulnerando una exigencia legal por acostumbramiento generalizado: el uso obligado por Ley del cinturón de seguridad en vehículos motorizados se cumple parcial e irresponsablemente, incluyendo a la propia policía en vehículos oficiales, y por costumbre sólo se controla policial y aleatoriamente en rutas camineras y no en la ciudad.
Al agudizar el control de la Ley del Cinturón en calles o carreteras se masificarían los partes policiales y originaría gran congestión en calles y caminos, debido al entorpecimiento del flujo vehicular. Los peajes podrían ser lugares apropiados para vigilar el uso del cinturón y proteger el lugar.
Lo sucedido con el destape de Soquimich y otros es similar: el ambiente político estaba acostumbrado a explotar la irregularidad sin considerarla como tal. Lo trágico es que también nos estamos acostumbrando a soportar la delincuencia, las desavenencias políticas y la incapacidad del actual gobierno.
David Benavente
