Fiscal interpone recurso contra juezas por fallo de alto monto en pensión alimenticia
Justicia. Francisco Soto, quien lideró el Ministerio Público en Osorno, quiere formar una agrupación de padres que se sientan perjudicados por decisiones que favorecen a mujeres.
Un recurso de reclamo en la Corte de Apelaciones de Valdivia en contra de dos juezas, interpuso esta semana el ex fiscal jefe del Ministerio Público en Osorno y actual fiscal en Talca, Francisco Soto. La acción legal busca dar a conocer lo que él define como una irregularidad que ocurre al interior del Tribunal de Familia y donde alude directamente a las magistrados Lorena Riquelme y Jacqueline Oliver, las que a través de un fallo lo obligan a pagar más del 50% de su sueldo en pensión alimenticia para sus dos hijas.
En agosto del 2010, Francisco Soto se separó de su esposa y sus hijas de 20 y 10 años de edad quedaron al cuidado de la mujer.
Ahora, cinco años más tarde, el abogado se encuentra abocado a -según dijo- denunciar lo que él considera un fallo arbitrario y discriminatorio en materia de género, ya que asegura que las juezas fallan en favor de las mujeres en desmedro de los padres que llegan al tribunal, específicamente al determinar los montos que se deben cancelar por concepto de pago de pensiones, tal como le ocurre a él.
argumento legal
Y es que según argumenta el legista, en la Ley N°14.908 "Sobre abandonos de familia y pago de pensiones alimenticias", en su Artículo 7 señala: "El tribunal no podrá fijar como monto de la pensión una suma o porcentaje que exceda del cincuenta por ciento de las rentas del alimentante". Ello, según explica Soto, no ocurre en su caso, ya que por ambas niñas cancela $1.999.500, lo que asegura, equivale a más de la mitad de su renta como fiscal especializado en drogas en la Región del Maule.
Por lo mismo, expone que las pensiones han sido "infladas" por las juezas, que según afirma, perjudican a los hombres en favor de su propio género.
El abogado aseguró que su caso lo viven otros osorninos. Frente a ello, decidió organizar una agrupación que reúna a aquellos padres que se sientan desfavorecidos frente a los fallos emitidos en el Tribunal de Familia de Osorno.
"Actualmente es muy fácil contaminar la mente de las juezas a través del criterio de géneros". Por lo mismo -dijo Soto-, con la creación de esta organización, pretende acabar con estas prácticas que afectan a muchos hombres en el país.
"Tal vez este comienzo sólo sea la punta del iceberg que debe comenzar a ser investigado", agregó el abogado. Para sumar a los interesados en participar en esta agrupación, publicará su correo electrónico en diversos medios de prensa de la zona sur al cual podrán escribir los padres que estén atravesando por una situación similar.
Costos
Para Soto su problema radica en las sentencias que lo obligan a cancelar más de la mitad de su salario en materia de pensión, lo que asegura está fuera del marco legal. Por lo mismo, indica que por medio de la agrupación pretende igualar los derechos de los hombres con las mujeres cuando se enfrenten al tribunal.
De acuerdo a su experiencia, los fallos emitidos en el juzgado de Osorno han marcado una inclinación favorable al género femenino, siendo que la ley señala que son ambos padres los que deben de contribuir a la mantención de los hijos una vez que se produzca la separación del matrimonio.
"La ley señala claramente que son ambos padres los que deben preocuparse del cuidado (económico) de los hijos; ello, según los recursos que disponga cada uno de ellos. En este caso particular, mi esposa es abogada igual que yo y además es periodista, lo que quiere decir que sí tiene los recursos necesarios como para aportar, a lo menos, en parte", indicó.
investigar casos
Eso sí, recalcó que en ningún caso niega su responsabilidad como padre, pero que sí considera injusto que la mantención económica de sus hijas dependa prácticamente sólo de él.
Asimismo, el abogado indicó que conoce casos de osorninos que deben pagar hasta un millón 300 mil pesos para mantener a una hija que estudia en la universidad. "Cualquier profesional quisiera tener unos honorarios a esa altura y la hija de esta persona sólo está estudiando y lo más probable es que cuando se titule, ni siquiera logre generar esos mismos montos. Es una desproporción", remarcó Soto.
Debido a que las causas de los Tribunales de Familias son privadas, al momento de crear la agrupación espera investigar por qué motivos los fallos en el juzgado osornino son tan desfavorables a los padres.
Además espera que la agrupación que está formando se pueda convertir en una instancia donde los padres se informen, comenten sus vivencias y se enteren de sus derechos.
Una vez formada, el objetivo será entregar apoyo jurídico a cada uno de los casos en donde hombres se hayan sentido perjudicados -por el hecho de ser hombres- "ante jueces con una predisposición negativa hacia el género masculino".
ejemplo
Para demostrar las diferencias de criterio que imperan en el juzgado local, Soto explicó que en el caso del Tribunal de Talca no se determinan pensiones a profesionales mayores a $300 mil ó 500 mil pesos.
"Conozco la situación de un funcionario que es arquitecto y trabaja en una dirección del municipio talquino, quien paga una pensión que se acerca a los $200 mil. Y aunque la cifra pudiese parecer exigua, esto demuestra que en ningún lugar se puede determinar una pensión que supere el 50 % de lo que uno recibe como sueldo, como es mi caso, ya que es desproporcionado y va contra la ley", ejemplificó.
Fue por esto mismo que el pasado martes presentó ante la Corte de Apelaciones de Valdivia un recurso de queja en contra de las jueces que intervinieron en su caso y así ratificar que él entrega una pensión alimenticia que supera el marco legal.
A su juicio, esta actitud radica en un tema de género entre hombres y mujeres, "donde los hombres somos vistos como los malvados de la película, los que faltamos a nuestras obligaciones de familia, como si no existiesen casos de mujeres que también faltan a sus obligaciones de familia y que parecieran ser siempre las buenas de la película", detalló.
Respecto a este tema, El Austral de Osorno llegó hasta el Tribunal de Familia para conocer la versión de la jueza Lorena Riquelme. No obstante, la abogada, a través del administrador del juzgado, señaló que no emitiría ninguna declaración frente al recurso interpuesto por el fiscal, ni menos por sus comentarios. Solamente, dijo, esperará la resolución que determine la Corte de Apelaciones de Valdivia.
2007-2010 Francisco Soto se desempeñó como Fiscal en Jefe en la ciudad de Osorno.
Desde 2011 Soto se ha desempañado en el Ministerio Público en las fiscalías de la zona oriente de la Región Metropolitana, para finalmente llegar a la de Talca.
Un millón
999 mil pesos debe cancelar Francisco Soto, por concepto de pensiones alimenticias para sus hijas de 10 y 20 años de edad.
50%
Es el monto máximo del pago de las pensiones por parte del "alimentante", según indica la Ley 14.908, en su artículo séptimo.