Una importante acción de transparencia constituyen las rendiciones de cuentas de parte de las autoridades elegidas y nombradas para ejercer el servicio público.

En la actualidad, no sólo la Presidenta de la República debe rendir cuentas a la nación cada 21 de Mayo en el Congreso Nacional. También los alcaldes ejercen esta obligación ante la comunidad anualmente. Tal como ha quedado de manifiesto, en cada cuenta pública estas autoridades deben rendir cuentas de los logros alcanzados y del cumplimiento de sus deberes como autoridades.

Sin embargo, no existe una obligación -en el caso de los alcaldes- de dar cuenta de los hechos que han afectado negativamente su gestión y por tanto muchas de estas actividades se prestan para una evaluación general de miembros del Concejo Municipal acerca de lo bueno y malo que ha tenido una determinada gestión alcaldicia.

Ayer la Cámara de Diputados votó favorablemente la idea de legislar sobre una iniciativa que instaura que cada diputado y senador deberá rendir ante sus electores una cuenta clara de las labores realizadas en desempeño de sus funciones, de acuerdo a lo determina el reglamento interno de la corporación.

De esta manera, es muy probable que a partir de 2016 deberán detallas ante sus electores cómo votaron los distintos proyectos sometidos a su legislación, especificar el porcentaje de asistencia a las distintas sesiones y comisiones, como asimismo debieran aclarar el modo cómo distribuyen las asignaciones y presupuesto para sus funciones.

La intención de esta moción parlamentaria apunta a mejorar la credibilidad y transparencia del trabajo legislativo de cara a la ciudadanía, motivada por la mala evaluación que hoy enfrenta esta institución y la clase política en general.

Lo importante, más allá de cierta parafernalia que a veces acompañan a estos eventos públicos, es que los legisladores aprovechen estas instancias para dar cuenta de la exhaustiva labor que implica muchas veces ejercer la función legislativa, de representación ciudadana, que en definitiva permite perfeccionar las normas jurídicas y legales, fomentar la democracia y acompañar y a la vez fiscalizar la función gubernativa del ejecutivo.

El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet plantea el fortalecimiento del rol del Estado como actor activo en la entrega directa de servicios educativos y en una estricta fiscalización del sistema. Este cambio en la orientación del sistema no es menor, pues presupone garantizar el derecho universal a la educación, la equidad en el acceso e inclusión, el desarrollo de proyectos educativos de interés común y el establecimiento de estándares de calidad; es decir, dotar al sistema educativo de aquellos principios esenciales que fueron desconocidos por la dictadura.

El modelo impuesto en los 80's supeditó la educación a una serie de fundamentos que justificaron el emprendimiento privado. Como resultado, Chile se constituyó en el caso extremo en el mundo basado en la competencia del mercado, el crecimiento desregulado de las instituciones privadas y la jibarización de la educación estatal. En la educación superior, la carga financiera fue traspasada del Estado a las familias de los estudiantes repercutiendo en un incremento de las brechas sociales, el deterioro de la calidad y en la determinación de una oferta educativa que no está en sintonía con los requerimientos del país. En la comparación internacional con países de la OCDE, el financiamiento de educación terciaria en Chile presenta el menor aporte estatal (17%) y el mayor en el gasto de las familias (80%). Si se considera que la inversión por estudiante universitario en Chile es de aproximadamente USD 9.000, las familias enfrentan una pesada carga financiera con consecuencias sobre su endeudamiento.

Es de esperarse que la aplicación de la Reforma permita reorientar el sistema y redirigirlo para garantizar un acceso equitativo y una mejora sustantiva de la calidad. Un trato preferente del Estado hacia sus universidades permitirá que estas cumplan su rol fundamental al servicio del interés público y que sigan contribuyendo al país como referentes de calidad y de productividad científica. No es menos considerable que sobre el 90% de las investigaciones la provean las Universidades del Consejo de Rectores, y la mitad de las publicaciones y proyectos de investigación lo hagan las Universidades Estatales, y es aquí donde particularmente, las universidades estatales en regiones proveen bienes públicos y juegan un papel preponderante en el desarrollo de ciencia y tecnología, formación profesional y técnica, formación de capital humano a nivel de magíster y doctorados y , sobre todo en la construcción de una sociedad nacional más equitativa y justa, dado que el incremento en las brechas sociales es aún más evidentes entre regiones geográficas.

Óscar Garrido Álvarez