Varios son los matices que la propuesta para estudiar una eventual restricción del uso de bolsas plásticas en la capital provincial ha generado entre dirigentes vecinales y autoridades locales. Esto, luego que el alcalde Jaime Bertín planteara esa opción en una reciente reunión de Concejo Municipal.
Por una parte, la mayoría coincide en que se trata de una medida que puede contribuir a reducir la utilización de este material y dar una imagen de ciudad "verde".
El año pasado, la comuna de Pucón dio a conocer que se había convertido en la primera de Chile en establecer una norma con el objetivo de prohibir las bolsas plásticas en el comercio. En las semanas posteriores se sumaron también otras iniciativas comunales que apuntaban en esa misma línea.
Sin embargo, en enero de este año la Contraloría General de la República dio a conocer un dictamen que señaló que "no es posible que a través de una ordenanza se afecte, mediante una prohibición, el derecho a desarrollar una actividad económica", por lo cual se dejaba sin efecto las ordenanzas municipales. Una situación que molestó a la decena de municipios que habían impulsado el plan.
Junto con informar de esa resolución, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, afirmó que se trabajaría a nivel nacional una propuesta para regular su uso y evitar la sobreproducción de plástico.
En esa línea, el secretario de Estado planteó a la prensa que se buscará homologar las normativas existentes en Estados Unidos y Europa.
Al respecto, Mariela Formas, gerente general de la Asociación de Industriales del Plástico, explica que el parlamento europeo dio recientemente la aprobación definitiva a la legislación que reducirá el uso de bolsas de plástico en ese continente, transformando el sobreconsumo en un consumo consciente. En datos concretos, cada persona usa en Europa alrededor de 200 bolsas al año y se quiere bajar a 90 a fines de 2019 y a 40 en 2025.
Como contrapartida a la idea de reducción, está la posición de quienes creen que es necesario eliminar completamente su entrega en lugares como supermercados y tiendas. Algo que, por ahora, no puede ser decidido por los municipios.