La última Encuesta Barómetro de la Política, del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (Cerc) y Mori, correspondiente al mes de marzo de 2015 no sólo reflejó una nueva caída de 9 puntos en la aprobación ciudadana al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (de 46% al 37%, entre enero y marzo 2015), sino que evidencia una menor confianza de los chilenos hacia distintas instituciones y partidos políticos, que es una respuesta a los casos de corrupción destapados en el último tiempo en el país.

La oposición también llega a un mínimo histórico de aprobación, con un 11%, lo que muestra que el impacto de estas investigaciones se extiende al mundo político en general.

Sin embargo, también instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Poder Legislativo pierden confianza y credibilidad a los ojos de la ciudadanía.

De esta manera, la encuesta refleja que la corrupción se ha instalado como el segundo tema que genera mayor preocupación entre los chilenos (subió 4 a 26% la percepción pública), superando incluso al desempleo (25%).

Por ello, tampoco deben extrañar los juicios emitidos durante la reciente cuenta pública del contralor general de la República, Ramiro Mendoza, cuando expresó con dureza: "No podemos cerrar nuestros ojos, la corrupción ha llegado, pero es también cierto que tenemos fortalezas institucionales para prevenir el crecimiento del flagelo y su control".

Hoy, más que nunca, los partidos políticos e instituciones públicas no sólo deben dar una exitosa prueba de la blancura. Se requiere más que ello. Se deben crear normas más estrictas para supervigilar con mayor celo la transparencia en los actos públicos y también privados (como lo demuestran los casos Caval, Penta y SQM), pero también las instituciones deben dar muestra de una clara intención de regularse.

En este sentido, hay que destacar lo que hace unos días dijo el presidente de Chile Trasparente y ex ministro, José Antonio Viera-Gallo, quien ante las expresiones del contralor Mendoza, sentenció que "la corrupción hay que combatirla no solo con normas legales, sino que con actitud moral y buenas prácticas". La tarea está planteada.

La reforma educativa que está llevando a cabo el actual gobierno ha puesto de relieve la importancia que las instituciones de educación superior en el desarrollo regional a través de dos propuestas específicas: la creación de universidades estatales en las regiones de O'Higgins y Aysén, y la creación de CFTs estatales a lo largo de todo el país. Se asume, con ello, que la creación de estas instituciones tendrá una fuerte identificación y vinculación con el desarrollo productivo y social regional.

Esta identificación no es nueva. En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de la transformación de la Universidad en su rol social y en su arraigo al territorio. Las universidades se han visto estimuladas a adoptar actividades relacionadas con la generación, uso, aplicación y explotación del conocimiento y de otras capacidades.

Consecuentemente, las universidades han transformado la forma en cómo interactúan con el medio y ha adoptado un rol abierto y participativo, que ha obligado a un cambio en la actitud de los académicos respecto a la colaboración con la empresa y entidades gubernamentales. Pero la relación entre universidad y desarrollo regional no sólo se circunscribe al vínculo empresarial, a la generación de conocimiento aplicado y la transferencia tecnológica.

Como agente de transformación, la Universidad cumple una función esencialmente social. Dado que el desarrollo de los territorios implica incrementar el bienestar de las condiciones de vida y de las oportunidades económicas, sociales, políticas de sus habitantes, la Universidad puede colaborar estrechamente en la búsqueda de mejores alternativas de desarrollo humano que apunten a una construcción social más justa, y al mejoramiento de las condiciones de la población local. En suma, existe una demanda cada vez más apremiante de una cooperación estrecha entre universidades, gobiernos regionales y actores económicos para afrontar los desafíos que prevalecen en las distintas regiones.

Necesariamente, las universidades deben asumir un papel central en la configuración de las sociedades regionales y colaborar en la conformación de la organización social contemporánea, generando respuestas de diversa índole a las nuevas necesidades del contexto.

Óscar Garrido Álvarez