Hacia fines del año 2014, la Presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley que crea 15 CFT estatales, iniciativa que actualmente se encuentra en discusión en el parlamento.

La propuesta considera un CFT estatal en cada región del país y se formuló con el fin de descentralizar la oferta y aportar en la calidad de esos centros educacionales. En la oportunidad la Presidenta reforzaba la propuesta indicando que "Chile tiene una deuda pública con la educación técnica".

Para la implementación de esta nueva institucionalidad se estaría requiriendo el concurso de universidades públicas, muchas de ellas con oferta actual de carreras técnicas y en algunos casos participación directa en instituciones de formación técnico profesional que, paradójicamente, no han podido ser acreditadas.

La propuesta, actualmente en discusión, incrementaría la oferta de vacantes de educación técnico profesional en un 2,2% de lo existente, requiriendo para ello de una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos, sin considerar los costos operacionales y de funcionamiento, que deberían ser cubiertos por el estado en su totalidad.

Respecto de la rectoría de estos CFT´s, según indica el proyecto, deberían ser nombrados y removidos exclusivamente por designación presidencial, sin que se establezcan condiciones mínimas que aseguren pertinencia, capacidad y autonomía política, condiciones mínimas para asegurar un liderazgo directivo.

Considerando las características del proyecto, me parece fundamental que parlamentarios, medios de comunicación y líderes sociales contribuya a un debate abierto y amplio, que permita asegurar que las propuestas, en materia de educación técnico profesional, efectivamente contribuyan a saldar la "deuda pública con la educación técnica" y no se transforme en un "gran proyecto", con muy poco impacto real en las soluciones requeridas que nos permitan dar el salto hacia una fuerza laboral capacitada y productiva.

Actualmente en Chile la carencia de técnicos limita crecimiento y desarrollo, en algunos sectores productivos de manera crítica, escenario que no nos permite experimentar soluciones que luego de 5 ó 6 años determinemos que son insuficientes, el costo de un error de diseño, en un escenario de educación gratuita y de calidad para todos podría hacernos retroceder y a un panorama de más universitarios que técnicos en primer año de educación superior.

Ramón Rubio Donoso

El gobierno ha dado a conocer que se trabaja para que las Energías Renovables No Convencionales (Ernc) alcancen una participación de alrededor del 20% en la matriz eléctrica nacional, en 2025. Ahora, aportan el 11% del total, pero van en crecimiento. Se estima que en el presente año, a los 2.097 megawatts en operación, se agregarían otros 1.282. Entre las Ernc se encuentran la hidráulica, solar, eólica, y la de los océanos.

La situación energética está complicada para este año, por la sequía que afecta a la zona centro sur, donde se encuentran las plantas hidrogeneradoras. No es un problema nuevo, porque la crisis hídrica se viene acumulando desde hace algunos años. También está la fuerte oposición que han recibido algunos proyectos importantes, de manera que las inversiones han quedado detenidas.

La energía es vital para que la economía y el país crezcan. Cuando las empresas programan su desarrollo para los años siguientes, requieren de electricidad, de la misma manera que los hogares consumen más. En Chile, los grandes consumidores son las compañías mineras. Por eso, más allá de la situación puntual que se da en un año seco, el país debe proyectar su requerimiento energético para las décadas venideras.

El crecimiento de las energías renovables ha sido impulsado por el gobierno con medidas como la ley de licitaciones, que alentó las inversiones en este campo, pese a que actores ligados a la producción tradicional ven esta situación como un subsidio encubierto a las Ernc, que se encontrarían en mejores condiciones al no tener que hacer frente a compensaciones por emisiones ambientales. Sin embargo, hay que considerar que estas energías tienen intermitencias y no proveen en forma constante, lo que podría provocar un alza del costo de la energía a largo plazo.

En la agenda del gobierno se enviaría en los próximos meses un proyecto de ley para expandir el sistema de transmisión, en particular la integración entre el Sistema Interconectado del Norte Grande (Sing) y el Sistema Interconectado Central (SIC), con el fin de hacer frente al creciente aporte de las energías renovables. Es necesaria la planificación a largo plazo para no correr el riesgo de apresurarnos en dejar de lado las fuentes tradicionales sin considerar si las Ernc pueden suplirlas, a un costo adecuado y seguro, para hacer frente al crecimiento del país.