El economista austriaco Friedrich von Hayek afirmaba que el mayor enemigo que tenía la economía de mercado eran los grupos de interés, ya que en consideración a la imposibilidad de las democracias representativas de reconocer a todos sus electores, eran las minorías organizadas las más capacitadas para instalar en el Estado sus posturas; que, para Hayek, siempre terminaban atentando contra la mayoría.

En gran medida producto de su diagnóstico, se expandieron durante las décadas pasadas organizaciones creadas con el exclusivo propósito de situar sus ideas dentro de la agenda pública, bañándolas con ingentes dosis de legitimidad autoimpuesta -derivada de recuentos estadísticos u opiniones de expertos.

Aún cuando en el país existían organizaciones que ejercían tales funciones desde la década de 1980, durante los últimos años han cobrado importancia aquellas que se definen comercialmente como gestoras de intereses particulares. Últimas que son cuestionadas por algunas bancadas parlamentarias, discursivamente más que en los hechos, por representar una concomitancia subrepticia entre los negocios y la política. Dudas que se propuso desvanecer vía una legislación que ordenara y vigilara, sin intervenir, el mercado de los gestores de intereses.

La ley 20.730 obligó a las empresas comerciales como a los gestores no remunerados (integrantes de una agrupación gremial u ONG) a inscribirse en un libro nacional; de todas las inscritas (13), con excepción de la CPC, no existe ninguna que incluya una visión regional dentro de sus líneas de acción.

En consideración que la Ley norma las discusiones parlamentarias como de gobiernos regionales, valdría la pena imaginar grupos locales que imbriquen a actores regionales que piensen para la acción (empresarios, políticos y organizaciones sociales) con quienes piensan el pensamiento (ONG's, universidades y Think Tanks), en pos de aprovechar la instancia de la ley para emplazar legítimamente el pensamiento de los habitantes de las regiones en los espacios de decisión; desembarazándonos de los nudos gordianos que nos imponen las agencias interesadas en relevar pensamientos únicamente referidos a las libertades individuales o atingentes a la perduración económica de un gremio.

Jorge Muñoz Sougarret

Fue inevitable que debido al incendio que la tarde del martes afectó a una vivienda ubicada en uno de los cerros de Maicolpué, el balneario más grande de la comuna de San Juan de la Costa, se evidenciara el peligro que existe en esa localidad ante la posibilidad de que ocurra un siniestro de mayores proporciones.

Esta vez, la rápida reacción de los voluntarios de las compañías locales, así como la poca presencia de viento, impidieron que el fuego se propagara a las casas vecinas, algo que -en todo caso- estuvo muy cerca de ocurrir, lo que generó gran preocupación entre los veraneantes y quienes habitan de forma permanente en la localidad.

Y además de lamentar la pérdida material completa en una casa y daños en otra, quedaron de manifiesto también varias elementos a tomar en cuenta. Lo primero dice relación con la imposibilidad de los bomberos de acceder a las casas ubicadas a partir de la segunda línea de construcción en las laderas de los cerros, situación que se origina debido a que sólo existen estrechos pasajes habilitados para el tránsito de peatones. Algo que en el caso del cercano sector de Río Sur se hace todavía más evidente, debido a la mayor densidad de construcciones y la inexistencia de caminos que permitan la circulación vehicular. Este hecho viene aparejado de la necesidad de los bomberos de contar con mejores equipos -por ejemplo, con bombas de agua de mayor capacidad- que les permitan suplir esa dificultad y llegar de forma expedita hasta los focos de incendios.

Otro factor es el fuerte aumento de la población en el periodo estival, situación que en el caso de una emergencia mayor puede incluso poner en riesgo la integridad de muchas personas.

Frente a este escenario, los propios directivos de Bomberos de La Costa han reconocido sus carencias en materia de equipamiento, así como las dificultades que la topografía del sector les presenta. Por ello, resulta evidente que requieren mucho más apoyo, que puede venir tanto de las autoridades públicas, como de la propia institución de voluntariado a nivel regional o nacional.