Los aportes reservados para el financiamiento de las campañas, que al parecer no son tan reservados; los correos de un grupo de parlamentarios con los UDI con los dueños del Grupo Penta; la formalización del ex subsecretario de Minería por cohecho y lavado de activos; la polémica por el yate para recolectar recursos para la candidatura de Michelle Bachelet, son ejemplos recientes que podrían explicar el distanciamiento de parte de la ciudadanía con la actividad política.

Numerosos estudios y encuestas, de los últimos años, han revelado que la cada vez más escasa participación ciudadana en la vida cívica tiene que ver con la desilusión que hay con respecto a los actores que se desenvuelven en la política, a quienes critican por preocuparse más de sus intereses y el de sus partidos, que de lo que realmente preocupa a los ciudadanos.

Lamentablemente, a la luz de varios acontecimientos observados, ese "divorcio" de intereses se aprecia con claridad.

Y sin duda la comunidad se confunde al ver a autoridades desmintiéndose unas a otras; a personas del mismo partido haciéndose amenazas y desaires.

Estos hechos, entre otros, hablan de una profunda distancia entre los pequeños grupos que se mueven en la esfera política y las mayorías, que aspiran a una vida en paz y armonía.

Así las cosas, problemas realmente importantes para resolver en el territorio, pasan a segundo plano de discusión.

La eficiencia y el trabajo por el bien común, son las obligaciones de quienes están en las esferas de poder; no un favor que la ciudadanía deba agradecerles. Pero, a veces, ese poder queda olvidado y es reemplazado por rencillas pequeñas, que sólo ahondan las desconfianzas de la comunidad.

Por una parte, es obligatorio que las acciones más complejas y graves, como el tema del financiamiento, no queden impunes; y por otro lado, es deber de los partidos que, realmente, comiencen a prestar más atención a los requerimientos ciudadanos, en vez de defender sus propios intereses.

Este año la meta para el sector vivienda resulta ambiciosa. Iniciaremos las obras de 100 mil nuevas unidades habitacionales, marcando un claro hito. Esto supone una prolija coordinación con las empresas del sector, las que deberán demostrar su capacidad y eficiencia frente a esta enorme tarea que nos compromete como importantes actores en la reactivación económica.

Este y otros desafíos tienen carácter nacional, lo que supone, por ejemplo, que los actores regionales de la industria tienen una oportunidad de contribuir significativamente a reducir la demanda por viviendas sociales. Para facilitar esta tarea, realizamos ajustes a los distintos programas con el fin de dotarlos de mayor pertinencia, flexibilidad y recursos.

De hecho, para transitar a soluciones más eficientes y efectivas, el presupuesto 2015 presenta una expansión de 16,5% en transferencias de capital (subtítulo 33), alcanzando los MM$ 1.117.371 y para soluciones habitacionales, el porcentaje de crecimiento alcanza el 20%. Podemos también afirmar que hemos logrado que el 71% de las 40 mil familias a las que la administración anterior entregó solo un certificado de subsidio, se incorpore a proyectos que permitirán transformar dicho papel en una vivienda.

Las autoridades están comprometidas con el crecimiento, la equidad y la integración social. Muestra de aquello es el Plan Extraordinario de Reactivación, que permitirá en 2015 iniciar la construcción de 30 mil viviendas adicionales a los programas regulares; con un significativo componente obligatorio de integración y cuyos beneficiarios directos serán las familias vulnerables, emergentes y de clase media del país.

A la tarea de vivienda, se suman otras también de carácter prioritario para el sector, como avanzar hacia una política de suelos, gestionar la adquisición de terrenos e incentivar una cultura de ahorro entre las familias. Estamos propiciando la incorporación de materiales y sistemas constructivos más eficientes y competitivos, que permitirán concretar soluciones habitacionales de mayor calidad y menores costos.

Con esta expansión de recursos, ajustes normativos y profundización del diálogo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo busca consolidar mecanismos que permitan garantizar a todos los ciudadanos "viviendas adecuadas, mejores barrios y ciudades integradas socialmente".

Jaime Romero A.

Subsecretario de Vivienda y Urbanismo