Fiscal acusa a Cristina K de encubrir a Irán en atentado
Argentina. El Gobierno trasandino habría negociado un "acuerdo de impunidad" a favor de los imputados del ataque contra AMIA.
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Un fiscal denunció a la Presidenta argentina, Cristina Fernández, y al canciller, Héctor Timerman, por la supuesta negociación de un "acuerdo de impunidad" con Irán para encubrir a los imputados del atentado contra la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994 en Buenos Aires.
El fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, solicitó además un embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos argentinos (US$ 23,2 millones).
En una presentación judicial de casi 300 páginas, Nisman apunta a la Presidenta por los delitos de "encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario publico y estorbo del acto funcional".
La denuncia alcanza al diputado oficialista Andrés Larroque, los militantes Luis D'Elia, Fernando Esteche, personal de la secretaría de Inteligencia de la Presidencia argentina, el ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y el referente comunitario iraní Jorge "Yussuf" Khalil.
Según el fiscal, la denuncia se basa en evidencias reunidas mediante escuchas telefónicas sobre las maniobras del Gobierno argentino para "librar de toda sospecha a los imputados iraníes" y "fabricar la inocencia de Irán".
"Por expresas órdenes de la Presidenta se configuró una diplomacia paralela de facto que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal", acusó el titular de la Unidad Fiscal Especial de Investigación del Atentado a la AMIA.
Nisman detalló que en las escuchas no está registrada la Mandataria argentina, pero sí Larroque y el dirigente piquetero D'Elía que, según el fiscal, aparece hablando directamente con Mohsen Rabbani, ex jefe de la Guardia Revolucionaria iraní y uno de los principales acusados por el atentado (prófugo y buscado por la Interpol).
De acuerdo con Nisman, las negociaciones con Teherán comenzaron en 2011, cuando Fernández decidió acercarse a Irán para "restablecer relaciones comerciales plenas" con el objetivo de superar "la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo por granos" y "hasta venderle armas".
Las supuestas conversaciones culminaron dos años después con la firma del Memorándum de Entendimiento entre ambos países, que preveía la revisión de toda la documentación de la investigación judicial y la posibilidad de que los sospechosos del ataque terrorista fuesen interrogados en suelo iraní.
El jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich, rechazó ayer la denuncia del fiscal, tildándola de "disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria", dijo que con esta denuncia se busca "desestabilizar al Gobierno".