El año pasado, el número de cajeros automáticos en el país cayó un 12%, lo que se tradujo en que el sector financiero dejó de disponer de 1.118 dispensadores entre marzo de 2013 y junio de 2014.
Lo sensible de este problema para el público, que reaccionó con molestia ante la falta de máquinas o de dinero disponible en ellas, llevó al Gobierno a emitir un decreto que obligó a la banca a incrementar la seguridad, tales como contar con un sistema de extracción de aire para evitar la acumulación de gas en las máquinas, mejoras en los anclajes, y protecciones contra elementos cortantes, fundentes (oxicorte), además de cámaras y alarmas sonoras y lumínicas. Paralelamente, desde septiembre que el Gobierno ha requerido a las unidades especializadas de las policías que se cursen multas por cada cajero automático que haya sido objeto de algún ataque de delincuentes y que no haya sido repuesto, bajo la premisa esgrimida por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, "cajero detonado, es cajero multado".
Ahora, se analiza la posibilidad de que Servipag administre un sistema que permita el retiro de dinero, en forma similar a los dispensadores, para dar más facilidades al público.
Se reconoce el énfasis que ha puesto el Ejecutivo para que la banca cumpla el rol e invierta en seguridad para seguir cumpliendo con los servicios que contratan con sus clientes. En forma paralela, BancoEstado puso en marcha una inédita medida, con la instalación de 60 cajeros automáticos en zonas más vulnerables, pero instalados en comisarías de Carabineros, para garantizar su seguridad. Puede sonar contraproducente que mientras se exige que los privados inviertan en acciones concretas, el ente financiero estatal desvíe la atención de Carabineros en el resguardo de estos dispensadores de dinero, en desmedro de labores preventivas en la comunidad. Si bien el presidente de BancoEstado, Rodrigo Valdés ha defendido esta medida inédita y polémica aduciendo que además es temporal, más parece una presión directa hacia la banca privada.
Obviamente, el problema de fondo no son los cajeros ni las medidas que se adoptan, sino la delincuencia, que opera sabiendo que este delito tiene bajas penas. El costo es bajo, frente al eventual "beneficio" de obtener un millonario botín.