Detenciones ciudadanas
En las últimas semanas, la televisión y portales de internet han mostrado en distintos puntos de nuestro país cómo detenciones ciudadanas ante delitos en flagrancia han terminado casi convirtiéndose en ajusticiamientos de víctimas que buscan tomarse la justicia en sus propias manos ante la creciente sensación de impunidad que existe en la población.
Estadísticas recientes, como la Encuesta de Víctimización de la Fundación Paz Ciudadana-Adimark CFK revelan que este índice a nivel nacional llegó en septiembre de 2014 a un 43,5%, es decir, ese fue el porcentaje de hogares en que algún miembro de la familia ha sido víctima o intento de robo en los últimos seis meses. Paralelamente, en la misma encuesta, se detalla cómo estadísticamente se ha producido un descenso significativo de los niveles de satisfacción de la ciudadanía con la actuación de la fiscalía después de denunciar un delito.
El efecto de la menor credibilidad en el sistema judicial, sumado al incremento en la victimización, ha promovido en la sociedad la creencia de una mayor impunidad de los delincuentes, que estos son liberados inmediatamente tras cometer sus ilícitos y que no existe sanción judicial acorde al mal causado.
De acuerdo a estadísticas oficiales del Ministerio Público, el 46,3% de las causas finalizan con archivo provisional mientras que sólo un 14,3% finalizan en sentencias condenatorias y en el 12,5% de los casos culmina con la suspensión condicional del procedimiento.
Entre enero y septiembre de este año ingresaron poco más de un millón de causas por diversos delitos al Ministerio Público, de las cuales más de un 54% no tenían imputado conocido. Del 45% restante -con imputado conocido-, el 67% no pasó por un control de detención. En cualquier caso, de un total aproximado de 500 mil causas se lograron alrededor de 166 mil sentencias condenatorias con 73.813 imputados cumpliendo penas de privación de libertad.
Esta realidad es la que parece generar el descontento con el sistema judicial, donde casi la mitad de las causas terminan siendo archivadas o desestimadas. El sistema, en este sentido, requiere de una revisión más acuciosa. Mientras los imputados cuentan con una defensa pagada por el Estado, las víctimas no tienen los mismos derechos de acceder a asesoría legal y esa desigualdad ante la ley genera frustración.
No obstante nada justifica tomarse la ley en sus propias manos, ya que en tal caso la sociedad en sí misma terminaría colapsando debido a la pérdida de toda confianza en la institucionalidad vigente, sin duda el gobierno debe analizar en profundidad este descontento que se funda en una inequidad visible y en donde la lucha contra la delincuencia parece no prosperar como Chile espera.