La Conferencia Episcopal de Chile ha hecho público un documento titulado "Una Reforma Educacional por el Bien de Chile", que busca aportar la visión de la Iglesia Católica a la discusión que se lleva a efecto en el Senado en torno al cambio que se busca para la educación chilena, gratuita, de calidad y sin lucro ni segregación o exclusión de ninguna clase.
El documento contiene una reflexión acerca de cómo se ha dado la discusión actual, respetando el derecho de padres y apoderados a defender la libertad del proyecto educativo que deseen para sus hijos, pero al mismo tiempo entregando propuestas "para una mejoría sustancial y urgente" del proyecto mismo.
El texto reconoce claramente las diferencias que la Iglesia mantiene con la reforma misma, debido a lo que consideran la ausencia de presupuestos claros y respecto de la naturaleza, fines y principios de una auténtica educación. No obstante a ello, los obispos y arzobispos del país reconocen su preocupación por que la reforma no aborde la múltiple realidad de los colegios particulares subvencionados y que pueda afectar el legítimo funcionamiento de las comunidades educativas, sean laicas o confesionales, o desincentive a continuar educando o a crear nuevos colegios.
En su planteamiento la Conferencia Episcopal pone énfasis en la libertad de enseñanza: "libertad para el desarrollo de los proyectos educativos con la imprescindible autonomía en la gestión, sin perjuicio de la debida fiscalización y sanciones a los infractores por parte del Estado".
Junto con ahondar en el respeto a las instituciones laicas o confesionales, además enfatiza en la necesidad de un debate acerca de la calidad y un financiamiento equitativo, con idénticos recursos del Estado. En este aspecto, la Iglesia Católica ha visto una falencia en la discusión parlamentaria, ante lo cual insisten en centrar el debate en el hecho educativo en sí mismo y la valoración y formación de los profesores, criticando eso sí la creciente inflexibilidad para asignar recursos a las prioridades definidas por cada sostenedor según su propio proyecto educativo, el exceso de regulaciones que amenazan con instalar la desconfianza y la falta de incentivos reales para el comodato y compraventa de propiedades, obstáculos para un arriendo regulado y legítimo. Muchos de estos aspectos dan cuenta ciertamente que no todos los actores están siendo escuchados con la misma consideración y es imperativo, como lo pide la Conferencia, una reflexión serena, amplia, informada y sin apuros.