La inequidad es la base de los peores males sociales y un factor determinante para una sociedad en conflicto que ve disminuidas sus posibilidades de un desarrollo integral y sostenido. Vencerla, demanda no sólo nivelar la cancha, sino dotar de mejor educación accesible y generar una cultura de solidaridad y respeto, que permitan sostener y robustecer este esfuerzo de bien común de cara al futuro. En esa línea, los grandes cambios que impulsa el Gobierno de la Presidenta Bachelet apuntan en esa dirección. Alguien tenía que iniciar con coraje y resolución lo que nuestra sociedad viene reclamando con fuerza y con un mensaje inequívoco. Sin embargo, el plan de Gobierno no solo abarca las importantes reformas educacional y tributaria, sino que a través de la Agenda de Productividad, innovación y desarrollo impulsa mecanismos que deben permitirnos avanzar hacia una economía más diversificada, innovadora y generadora de mayor valor agregado. En ese marco, tal como lo indica la propia agenda, "la innovación social es fundamental para alcanzar soluciones innovadoras a problemas sociales que mejoren el bienestar de individuos, comunidades y territorios". La agenda agrega que, en el foco de estos esfuerzos, está la creación de nuevas ideas y procesos para estimular la inclusión social, la creación de empleos bien remunerados y la calidad de vida.

Pero ¿Qué es innovación social?. Según la Comisión Europea (2010), es "la búsqueda de nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales, que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector público", destacando la generación de los cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad y la capacitación de la ciudadanía para desarrollar nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. Este concepto, ligado a la economía social o también llamada tercer sector o economía solidaria, involucra tanto al sector público como privado, pudiendo surgir iniciativas de cualquiera de ellos.

En Chile hay buenos ejemplos ya iniciados, como el Fondo de Inversión Social (FIS) que promueve inversión con objetivos de impacto social, Empresas B que promueve y certifica esfuerzos de empresas que logran soluciones sociales con reglas de mercado, entre otros. A estos esfuerzos se sumará pronto un Programa CORFO que promoverá la Innovación social en Chile, conforme a la agenda de Gobierno. Una buena noticia, a la luz de las necesidades sociales de nuestro país y del fortalecimiento de una sociedad solidaria, que se centra en el bien común.

Adolfo Alvial Muñoz

Un recorrido por el perímetro céntrico realizado por un equipo de este Diario reveló que al menos la mitad de los cajeros automáticos presenta fallas en su funcionamiento o está en desuso.

Entre las dificultades se cuenta que varios dispensadores ubicados entre el terminal de buses y avenida Portales registran la imposibilidad de entregar giros de dinero inferiores a $10 mil y en otros casos las máquinas son antiguas, por lo cual se encuentran una buena parte del mes en proceso de "mantención".

Frente a este escenario, queda de manifiesto que los osorninos no escapan a un panorama que a nivel nacional ya se ha hecho complejo y en el caso de la capital toma ribetes hasta dramáticos.

Es un hecho que en los últimos años los chilenos se han visto expuestos a un cada vez peor servicio de los cajeros automáticos de dinero. De acuerdo a cifras recientes, el número de expendedores instalados en el país ha disminuido en más de 10% y, por otra parte, el porcentaje que está fuera de servicio se ha incrementado desde 7% a 16% en el mismo lapso.

Como consecuencia de lo anterior, los más de diez millones de chilenos que utilizan mensualmente estos servicios han sido afectados en su vida cotidiana e incurrido en significativas pérdidas de tiempo.

La disminución de cajeros no es fruto de una mera arbitrariedad de la banca, pese a que su responsabilidad es relevante, sino que es consecuencia de los continuos robos perpetrados y la sensación de inseguridad que opera entre los locatarios.

Recientemente, la Superintendencia de Bancos informó que se aseguraría a través de BancoEstado la disponibilidad de dinero y que se confeccionaría un estudio "bastante profundo" respecto de la operatividad de los cajeros.

Ello se suma al decreto supremo dictado a finales del gobierno anterior que establece un plazo de cinco años para renovar la totalidad de tales dispensadores, e implementar medidas de seguridad obligatorias, medidas de las cuales se espera que signifiquen un avance en la solución de este problema.