Jefe de Carrera de Ingeniería en Gestión de Empresas, Técnico en Adm. de Empresas y Contador Auditor IP La Araucana Osorno

Remontándonos en la historia, vemos que el origen de los impuestos proviene de la era primitiva, específicamente en la antigua cultura Mesopotámica; y estos tenían como objetivos ser utilizados como ofrendas a los dioses en compensación de ciertos beneficios; como así también eran requeridos para satisfacer las necesidades que tenía el pueblo y ciertos requerimientos del Estado. En Chile, ya se aprobó la Reforma Tributaria y desde el 1 de octubre entró en vigencia, este proyecto estrella del actual Gobierno de Michelle Bachelet y cuyo objetivo, entre otros, es recaudar fondos para una educación gratuita y de calidad; además de objetivos iniciales de esta reforma que posee como aumento de la carga tributaria en tres puntos del PIB, mayor equidad tributaria para mejorar la distribución del ingreso, crear nuevos incentivos a la inversión y el ahorro y disminuir la evasión y la elusión impositiva.

La teoría dice que un aumento de los impuestos grava a los diferentes agentes económicos, entre los cuales tenemos las familias, las empresas y el intercambio comercial entre los países; afectando este a los ingresos disponibles de las personas y a su poder de compra, la inversión en viviendas para las familias, como así también los proyectos para las empresas y finalmente los capitales e inversión en el caso de empresas trasnacionales que quieran hacer negocios y/o radicarse en nuestro país.

Las expectativas del PIB per cápita para fines del 2014 es de US$ 19.000, el cual al valor de hoy, representa un ingreso promedio de aproximadamente $ 912.000 por persona, lo que solo es un promedio y no representa a la realidad de la sociedad, producto de la concentración de la riqueza y a la malísima distribución del ingreso. Lo expuesto nos lleva a preguntarnos si el alza de los impuestos realmente va a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y cumplirá con los objetivos trazados por el actual gobierno o va a tener un efecto contractivo con este financiamiento vía política fiscal; además debemos recordar que somos uno de los países con la peor distribución de la riqueza en el grupo de la OCDE, junto con México, Portugal, Turquía y Estados Unidos. Su coeficiente de Gini en torno al 52 %, se compara con el promedio de la OCDE al 32%, en tanto algunos estados de Europa y países nórdicos poseen los menores índices de desigualdad con un coeficiente de Gini en torno al 25%. Por lo tanto, vale la pena preguntarnos 'teoría o realidad' con el alza de impuestos para disminuir la desigualdad económica y así lograr el desarrollo económico para ser un país desarrollado.

Resulta paradojal que el Estado, que es quien a través de sus distintas reparticiones gubernamentales tiene por mandato cautelar los derechos laborales, se haya convertido en los últimos años en uno de los peores empleadores del país, al concentrar una gran proporción de trabajadores a honorarios o bien a contrata y que, por lo tanto, carecen de las prestaciones de las leyes sociales, los primeros, y de la antigüedad, los segundos, que en muchos casos se pide como requisito, por ejemplo, para acceder a los servicios que otorga el sistema financiero. Un caso de especial preocupación corresponde al de los primeros 'a contrata', motivo de amplia preocupación por parte de los integrantes del Magisterio. De acuerdo a antecedentes recientes, muchos de ellos llevan décadas bajo la misma modalidad, es decir, sin acceso al sistema de salud o a una AFP, dilapidando así el fondo de pensiones necesario para el momento de la jubilación.

Aunque los gobiernos de turno y parlamentarios han manifestado tener plena conciencia de esta materia, los años han seguido transcurriendo sin cambios visibles, llegándose a límites inauditos, por ejemplo, de municipios en que un alto porcentaje de la fuerza laboral corresponde a funcionarios a honorarios y sólo el 20 por ciento a los de planta. El efecto de esto es la generación de dos tipos de trabajadores, los de primera y los de segunda clase, en ambientes en los que el sector público debería precisamente constituir un ejemplo para un sector privado en el que muchas veces el discurso político centra su atención y su exigencia.

Por cierto que para regularizar la situación de los funcionarios a honorarios convergen varios problemas que han de salvarse, como el de limpiar aquella imagen del Estado como un 'botín' de donde se puede sacar provecho para pagar favores políticos, primero, y el de adecuar las plantas a las necesidades de una gestión pública que tiene que responder a los nuevos requerimientos de la sociedad.

Como sea, es un deber de quienes administran el Estado atender a esta realidad y darle a quienes trabajan para él las mismas condiciones de dignidad y estabilidad que rigen para todos.