Un nuevo capítulo en la relación de altibajos que ha caracterizado a los integrantes de la cadena chilena se comienza a vivir a partir de la decisión de la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche), de demandar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las empresas Soprole (y su filial Prolesur), Nestlé y Watt's.
Se debe consignar que el (TDLC) es un tribunal colegiado sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema, cuya función es prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia. Fue creado el año 2003, en reemplazo de la Comisión Resolutiva Antimonopolio y de las Comisiones Preventivas (central y regionales).
La denuncia del gremio que agrupa a los productores de leche del país -que proveen de la materia prima a las empresas procesadoras- se fundamenta en el hecho que aseguran que cuentan con evidencia sólida de que Soprole, Nestlé y Watt's han impedido que el mercado de compra de leche cruda en Chile funcione de manera competitiva.
Se trata de un tema que en el 2004 fue analizado por el TDLC, a instancias de la Fiscalía Nacional Económica. En esa oportunidad, un fallo del tribunal (N° 7/2004) diagnosticó la falta de transparencia en el mercado de la adquisición y procesamiento de la leche bovina en las regiones Octava, Novena y Décima, por lo cual se obligó a las firmas requeridas (Nestlé, Parmalat, Soprole, Watt's y Dos Alamos) ha aplicar una serie de medidas, entre las cuales se cuentan mantener un listado de precios detallado, anunciar con al menos un mes de anticipación cualquier cambio en las condiciones de compra y fundamentar su negativa de compra a los agricultores que le hayan realizado ofertas por escrito.
En el mismo fallo, el órgano expresó que no quedaba suficientemente probada la existencia de un acuerdo de reparto de mercado, negativa de compra y acuerdo de precios entre las citadas firmas, pero sí se condenó a Nestlé Chile (en su calidad de continuador legal de Lechera del Sur), al pago de una multa de 500 UTM por "la ejecución de conductas de discriminación arbitraria de precios".
Una década más tarde, el mismo tribunal tendrá la oportunidad de efectuar ahora una nueva revisión de este negocio, con datos adicionales y referencias que podrían dar nuevas luces sobre eventuales transgresiones a la libre competencia.