El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, citó hace unos días a un comité policial especial en La Moneda, debido a la serie de hechos relacionados con la colocación de artefactos explosivos y las medidas que deben adoptarse.

En lo que va del año, suman 15 atentados explosivos. Entre los más recientes, están los ejecutados contra una parroquia y contra tres vehículos, otro contra un carro del Metro y el artefacto que fue desactivado en las cercanías de dos jardines infantiles, en la Región Metropolitana.

Las amenazas y los atentados mediante artefactos explosivos persiguen provocar pánico y temor en la población, con el fin de que ésta quede a merced de sus autores, que pretenden también alcanzar notoriedad para que se hable de ellos, por lo cual con frecuencia lanzan panfletos reivindicando alguna acción. Otra de las finalidades es ir contra el sistema establecido, alterar el normal funcionamiento de las instituciones, a través de la evacuación de oficinas, y poner en jaque a las autoridades y a la policía, para demostrar que siempre van un paso adelantados.

Pérdidas de horas laborales, daños a la propiedad, y en ocasiones heridos, dejan estas acciones de elementos desequilibrados. Pero sobre todo, se va minando la confianza y la seguridad de las personas, por el temor de que algún día estalle un explosivo en presencia de personas.

Tanto el personal como las instalaciones de los lugares elegidos como blancos son vulnerables. Por eso, los expertos recomiendan la elaboración cuidadosa de un plan de emergencia, a la medida de cada institución, que deberá formar parte de los programas que hay en las empresas para evacuar las oficinas en caso de ser necesario.

Estos ataques contribuyen a deteriorar la salud mental de la población, que piensa qué ocurriría si algún día pasaran a transformarse en víctimas. Se requiere de las autoridades y de los tribunales una actitud muy firme cuando los autores de atentados son identificados, con el fin de no dar una señal de que el costo de jugar con la tranquilidad y la seguridad de la población es casi cero.

En la actualidad, sólo el 2% de los jóvenes son capaces de identificar cuáles son las conductas riesgosas y no riesgosas durante una relación sexual (7ma Encuesta Nacional INJUV 2012). Es decir, que de cada 100 jóvenes que se inician sexualmente en Chile, sólo dos de ellos tienen las herramientas para diferenciar entre conductas de riesgo y no riesgosas.

Por otra parte, el 71% de los jóvenes declara estar iniciado sexualmente, sin reconocerse diferencias por sexo, grupo socioeconómico o localidad.

Finalmente, las personas jóvenes iniciadas sexualmente tienen en promedio 1,6 parejas sexuales en los últimos 12 meses. Esto implica que el 23,8% de los jóvenes (Mayoritariamente menores de 16 años) ha tenido dos o más parejas a lo largo del año.

Existe una reciprocidad entre los embarazos adolescentes no planificados y el nivel socioeconómico, situando a las jóvenes de los primeros dos deciles de ingreso con los peores indicadores de embarazo no planificado, 38,5% para el decil 1 y 34,6% para el decil 2, mientras los deciles de ingreso 9 y 10 presentan tasas de embarazo juvenil de 9,3% y 6,1% correspondientemente, es decir que mientras en los grupos de bajo nivel socioeconómico, los embarazos se presentan casi en 4 de cada 10 mujeres, en los deciles de más altos ingresos esto se reduce a menos de 1 caso por cada 10 mujeres.

Hoy el Ministerio de Salud se hace cargo de la realidad país, definiendo de forma clara y explícita, que los menores de 14 años que han comenzado a vivir su sexualidad, deben ser foco de una política integral de salud sexual y reproductiva.

Más aún, este cambio de paradigma, implica enfrentar el foco desde la acción, es decir entregando métodos anticonceptivos a quienes han determinado su iniciación sexual, subrayando la importancia de la prevención, por sobre la notificación.

Finalmente, hoy gracias a este cambio de paradigma la sociedad deberá asumir la sexualidad de sus jóvenes, con cada día menos embarazos no planificados en camino o infecciones de transmisión sexual entre menores de 14 años.