Definitivamente, esta ha sido una semana de anuncios, ya que luego del anuncio de la firma del convenio mandato que asegura la reposición del puente San Pedro para el 2007, se agrega la intención municipal para hacer realidad un viejo anhelo de la comunidad: la construcción de una doble vía en avenida Mackenna.
Si se reconoce como axioma que todo sistema penal es inevitablemente selectivo, esto es, que no es capaz de reprimir todas las conductas constitutivas de delito con los recursos disponibles, habrá que resolver acto seguido, entonces, conforme a qué criterios se hace esa selectividad.
El diagnóstico antes de la creación del Ministerio Público daba cuenta de un escenario en el que la represión penal sólo afectaba a los sectores sociales más vulnerables, generalmente por delitos menores, siendo ineficiente en la persecución de la criminalidad más compleja y de más alta lesividad, asociada al poder económico y social, como sucede por ejemplo en los delitos económicos y de corrupción, también conocidos como delitos de cuello y corbata.
Es por ello que la fiscalía está llamada desde su génesis, en cuanto organismo público independiente y especializado en materia de persecución penal, a avanzar desde el delito flagrante hacia la investigación de aquellos ilícitos que, por su naturaleza, no son descubiertos por un policía en una esquina. En otras palabras, hacia una persecución penal no discriminatoria que, junto con hacerse cargo de los delitos comunes cometidos por personas de escasos recursos, también es capaz de enfrentar las graves desviaciones que, desde una perspectiva penal, pudiere generar una persona que detenta algún grado de poder económico o social. Por ello resulta indispensable mantener una política de persecución que, por una parte, establezca criterios de actuación definidos en estas áreas, como asimismo, que se abandone progresivamente la flagrancia como única forma de insumo del sistema penal.
En cuanto a lo primero, el fiscal nacional ha sido claro en orden a incorporar los delitos de corrupción como una de las prioridades de persecución criminal, debido a que este fenómeno trae aparejado graves consecuencias para la sociedad.
Sobre lo segundo, creo firmemente que un sistema procesal penal que gira en torno a la flagrancia y que sólo se preocupa de perseguir criminalmente a los detenidos que aporta la policía es un sistema que perpetúa la idea de justicia penal discriminatoria.
Sin desconocer la importancia que esta fuente tiene para el sistema, debe avanzarse progresivamente desde la flagrancia hacia investigaciones desformalizadas, inteligentes, profundas y de la más alta calidad técnica que, en base a prueba científica y métodos tecnológicos de investigación, permitan sancionar penalmente la criminalidad más oculta, más impune, más difícil de develar y comprobar.
Intensas tramitaciones realizan los dirigentes de Provincial Osorno ante el club argentino General Laferrer, para habilitar el pase del volante trasandino José Luis Díaz. Díaz, quien llegó hace poco más de una semana con un interesante cartel de goleador, estaría en condiciones de debutar en el partido de local ante Wanderers, el domingo.
Se encuentra en formación una sociedad abierta para explotar un hipódromo y sus servicios anexos en la ciudad de Osorno, con el propósito de producir 'un polo abierto de atracción turística' entre esta zona y la localidad trasandina de Bariloche, informaron empresarios vinculados con la crianza de caballos de raza.
La Comisión Asesora para la Descentralización entregó a la Presidenta Bachelet un primer informe con sus propuestas para apoyar el desarrollo más equitativo de las regiones del país. En él contempla una serie de medidas especiales que permitirían recaudación de fondos locales, diferenciación de impuestos y mayor autonomía frente a la utilización de los recursos. Esto último es particularmente importante, pues actualmente el gobierno central toma decisiones por más del 85% del total del gasto público.
Las sugerencias contemplan en primer lugar revertir esa distribución y lograr que los gobiernos regionales administren un 35% de los fondos en un plazo de seis años (la planificación es pensando al 2020), además de que puedan recaudar tributos de las empresas que funcionan en sus respectivas zonas, como las portuarias, las energéticas, las forestales y las cadenas de grandes tiendas. Esto, en un esquema similar a la que rige en Ley de Casinos: un aporte para la comuna de emplazamiento de la empresa y otro para la región completa.
Aparte, sugieren crear un Fondo de Convergencia Regional, al cual aportarían principalmente las mineras a través de un alza del royalty al 5%. Esos recursos irían preferencialmente para las áreas más rezagadas, de modo de garantizar equidad donde hay menor inversión privada.
Paralelamente, la Comisión reiteró la necesidad de un cambio en la administración política, con más atribuciones para los consejeros regionales y la elección directa de los intendentes. Así se aseguraría representatividad de las autoridades y un gobierno que no solo ejecute políticas centrales.
Las propuestas son básicamente las mismas discutidas a principios de junio. Coinciden plenamente con las ideas locales y su oficialización ante la Presidenta constituye una buena noticia. Es de esperar que ahora ellas sean incorporadas a la discusión de la Reforma Tributaria, que en su texto original no incluye elementos referidos exclusivamente a las regiones. De lo contrario, sería muy compleja su implementación.