El mundo político entrega respaldo mayoritario a la petición del Gobierno
definición. En RN, la UDI y la DC coincidieron en que no era factible llegar al fondo de la contienda.
Desde el mundo político, el apoyo a la presentación realizada ayer por el equipo chileno en Corte de La Haya fue mayoritaria.
El jefe del comité de senadores de la UDI, Hernán Larraín, afirmó que 'Bolivia lo que quiere hacer es utilizar a la Corte Internacional de Justicia para obligar a Chile a modificar el Tratado de 1904'.
'Esto es sacar las castañas con las manos del gato, en circunstancias que este gato no puede tocar esas castañas. Por eso, es que el único camino era objetar la competencia y no esperar hasta febrero, porque eso lo habría obligado a entrar en el debate de fondo, lo que podría haber enredado toda nuestra posición', aseguró el senador gremialista.
Para Larraín, la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de objetar la competencia de La Haya, 'era el único camino frente a la demanda boliviana que es completamente improcedente. Se ha seguido el único camino posible, porque Chile no puede aceptar que la corte se entrometa en asuntos que no tiene competencia, como es referirse al Tratado de 1904'.
En la Democracia Cristiana también respaldaron la acción, y esperan que el tribunal reconozca que carece de competencia en este caso.
El líder de la falange, el senador Ignacio Walker, afirmó que 'Bolivia no puede pretender en forma unilateral pedirle a la Corte Internacional de Justicia, que carece de competencia en este caso, que modifique y deje sin efecto el Tratado de 1904 al margen de la voluntad de las partes contratantes. Ese es un tratado plenamente vigente, fijó y fija los límites entre Chile y Bolivia'.
De acuerdo al también ex canciller, 'al tratarse de un tratado anterior al Pacto de Bogotá de 1948, que es el que reconoce la competencia de la Corte, creo que es perfectamente ajustado a derecho lo que ha hecho Chile en estas objeciones preliminares'.
El jefe del Comité de Senadores de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, explicó que 'si se coloca en entredicho la vigencia de los tratados por parte de La Haya creo que se plantearía una situación gravísima. Esa es la razón de fondo por la cual la Presidenta y la Cancillería decidieron solicitar la incompetencia ahora'.
Pizarro enfatizó que 'hemos dicho hasta el cansancio que no corresponde que la CIJ se preocupe de un caso ficticio planteado por el Gobierno boliviano, buscando generar un hecho comunicacional a nivel interno como a nivel internacional'. El representante de RN en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, el senador Francisco Chahuán, afirmó que 'queremos manifestar nuestro total respaldo por la presentación en tiempo y forma de las excepciones previas'.
'La Presidenta escuchó a todos los actores, y tal como nosotros lo planteamos inicialmente la oportunidad adecuada era el 15 de julio, para evitar que Bolivia pudiera desplegar comunicacionalmente sus argumentos políticos en una corte que como sabemos no siempre falla en términos estrictamente jurídicos', agregó.