Aumento de la seguridad
Delitos como el reciente asesinato de un cabo de Carabineros, mientras realizaba la fiscalización a un vehículo en la capital, incrementan la secuencia de funcionarios caídos en defensa de la seguridad.
En el programa de Gobierno se reconoce a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la población, y se insiste sobre todo en la violencia de género y las drogas, y en la prevención, más que en la disuasión mediante penas. Las autoridades han planteado el aumento de la dotación de Carabineros en 6.000 plazas en cuatro años, y de 1.200 en la Policía de Investigaciones, con una mayor descentralización y con el refuerzo de las estrategias policiales.
En el Congreso Nacional hay dos proyectos en trámite que buscan aumentar las sanciones por maltrato de palabra o agresión física a Carabineros, medidas que tienen precedentes en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), donde incluso las amenazas a funcionarios son duramente castigadas.
Ese es un tema que amerita un impulso adicional, tanto por la señal de valoración que entrega a la policía como para la disuasión de quienes pretendan agredir a sus miembros.
En forma paulatina se han restado atribuciones a los funcionarios encargados de la seguridad, mientras durante actos públicos son objeto de violencia, en circunstancias que no pueden ni deben responder a ella.
Sin embargo, el combate a la delincuencia no pasa sólo por dotar de más recursos a las policías, sino que también por una legislación más severa, que no dé pie a interpretaciones.
Mientras esta situación no cambie sustancialmente en el país, podrá seguir aumentando el gasto en seguridad pública, lo que sin duda es bueno, pero los efectos de la mayor inversión en esta materia no serán percibidos por las personas, que cada día sienten más temor frente a los delincuentes y advierten que las policías son cada vez menos valoradas.