El 11 de agosto de 2008, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia el 20 de abril de 2009, conocida como la Ley de Transparencia.

Como un eje en el proceso de modernización del Estado, la norma establece como principal objetivo abrir a la ciudadanía la información de los organismos públicos, 'promoviendo un sistema estatal más cercano, generando nuevos espacios para la participación y mejorando las exigencias de rendición de cuentas de la gestión pública', según da cuenta el mismo sitio en internet de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia.

En los últimos años, a partir de la promulgación de esta ley, la transparencia en Chile no sólo ha aumentado sino que también se ha ido convirtiendo en un valor que la comunidad espera de las instituciones, que exige cuando no lo percibe y que reclama cuando se le niega.

El Consejo para la Transparencia, organismo creado al alero de la citada ley y cuya labor es velar por el buen cumplimiento de esta norma, se ha encargado de fiscalizar su funcionamiento efectivo, ante la obligación de los organismos públicos de dar a conocer toda la gestión reconocida como 'información pública'.

En el marco de sus responsabilidades y atribuciones, el Consejo para la Transparencia dio cuenta que desde su creación -junto con la vigencia de ley respectiva- ha cursado infracciones a 85 funcionarios públicos, quienes han tenido que cancelar al Estado más de $20 millones, simplemente por negar información de carácter público.

Las sanciones recayeron principalmente en funcionarios de municipios, lo que nuevamente establece la necesidad de que los gobiernos comunales, por su cercanía por la comunidad y atendiendo a que los alcaldes son elegidos popularmente, estén en condiciones de mostrar claramente su gestión a una ciudadanía que espera actuaciones limpias y probas. Es un indicador sobre el que deben trabajar sus autoridades.

Este fin de semana, del 24 al 26 de mayo, el Papa Francisco hará su segundo viaje apostólico para visitar Tierra Santa.

El motivo principal es celebrar los 50 años del histórico abrazo entre el Papa Paulo VI y el Patriarca Atenágoras de Constantinopla, de la Iglesia Ortodoxa Griega, ocurrido el 5 de enero de 1964 en Jerusalén.

Este encuentro se produjo al término del Concilio Vaticano II, que promovió una relación más fraterna con otras iglesias cristianas. La Iglesia Ortodoxa Griega aparece en el siglo IX, cuando Focio desconoce la autoridad del Papa sobre la Iglesia de Oriente.

Adquiere carácter definitivo a partir de 1054, con el Patriarca Miguel Cerulario como cabeza de la nueva Iglesia, con sede en Constantinopla, hoy Estambul.

Siglos después diversas iglesias ortodoxas locales se integran a la Católica conservando sus ritos, como las de Ucrania y Armenia, la Maronita de Siria y Líbano y la Copta de Egipto.

Este sábado el Papa llegará a Ammán, donde después de visitar a los reyes irá al lugar donde fue bautizado Jesucristo en el río Jordán, y se reunirá con refugiados sirios. El domingo celebrará Misa en Belén, almorzando con familias palestinas y después de visitar la Iglesia de la Natividad tendrá un encuentro con niños refugiados.

En la tarde se trasladará a Jerusalén, donde se producirá el encuentro con el Patriarca Bartolomé I de Constantinopla, concluyendo con una declaración conjunta. El lunes contempla una visita al Gran Muftí musulmán de Jerusalén y a la Mezquita, en la explanada del templo. También a monumentos que recuerdan el holocausto judío. Luego de reunirse con autoridades de Israel, finalizará la visita con una Misa en la sala del Cenáculo, donde Jesús celebró la Última Cena con los apóstoles. Como se puede apreciar, es un viaje de gran simbolismo, donde junto con confirmar en la fe a las comunidades cristianas, busca acercar a los pueblos de Medio Oriente y promover el entendimiento entre facciones en conflicto, como la guerra civil que desangra a Siria, y la paz definitiva entre Palestina e Israel.