Verónica Salgado
La falta de personal para operar las 21 cámaras de televigilancia que existen en la ciudad (situación que fue planteada en marzo pasado por carabineros) generó una fuerte discusión entre el concejal PPD Juan Carlos Velásquez y el alcalde Jaime Bertín durante la última sesión del concejo comunal realizado el martes 15. La situación evidencia que, a pesar de la inversión realizada en 2013 por parte del municipio para la instalación de 16 cámaras en diferentes sectores, los aparatos no están siendo aprovechados para incrementar la seguridad de la ciudadanía frente a la acción delictual.
El roce entre el concejal Velásquez y la primera autoridad comunal comenzó cuando el edil solicitó información sobre el funcionamiento de las cámaras y el monto de inversión realizada por el municipio. Ante ello, el alcalde señaló que el municipio suscribió un contrato por cuatro años con la empresa Emarch, para los trabajos de instalación y mantención de las 16 cámaras de primera generación en diversos sectores del centro.
Agregó que fueron los mismos concejales los que aprobaron el presupuesto y que siempre se especificó que era un arriendo de equipos por un valor de 256 millones de pesos por cuatro años. "Si no leen lo que aprueban, ese no es mi problema", respondió.
El concejal Velásquez explicó que la primera responsabilidad por la inoperancia de los equipos es del municipio, entidad que debió licitar los servicios con personal incluido, "sino es plata perdida", dijo.
"Como concejales estamos para fiscalizar que se cumpla el objetivo de los presupuestos y licitaciones que aprobamos. Si eso no le gusta al alcalde, no es mi problema", señaló Velásquez con tono airado.
Agregó que se le debe buscar una pronta solución al tema y para ello es necesario incluir a Carabineros, la gobernación y quienes sean necesarios. "Si el alcalde no quiere participar, es su responsabilidad", reiteró.
El planteamiento de Velásquez fue compartido por el concejal Carlos Vargas, quien dijo que el municipio debe buscar una solución al tema.
Por su parte, el alcalde señaló que la inversión siempre apuntó al arriendo de equipos, los cuales serían un aporte a la función de Carabineros con quienes se firmó un acuerdo de cooperación.
"Me llama la atención que se levante una polémica en la cual nos involucran a nosotros, si la verdad no tenemos nada que ver. Cumplimos con entregar cámaras con tecnología de primera generación. Carabineros quedó conforme cuando las recibió y ellos se comprometieron a manejar su operación", dijo Bertín, quien incluso llamó a Velásquez para que "no levante temas en el concejo sin datos concretos".
A las 16 cámaras licitadas por el municipio, el 8 de marzo se sumaron cinco aparatos adquiridos por la gobernación con un costo de 25 millones de pesos. La totalidad de los equipos de televigilancia son monitoreados y controlados por Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros.
Leonardo Castillo, prefecto de Carabineros de la provincia, señaló que las 21 cámaras están funcionando las 24 horas del día y están siendo monitoreadas por dos funcionarios civiles contratados por la institución y dos carabineros con turnos de 8 horas cada uno.
Explicó que según estudios internacionales, para que el trabajo de vigilancia de los equipos y sus imágenes sea efectivo la persona encargada sólo debe tener a su cargo un máximo de 9 ó 10 cámaras.
"Hoy tenemos una persona que monitorea 21 cámaras, lo que técnicamente no es adecuado. Queremos tener dos personas que trabajen por cada turno y mejorar así los resultados", explicó el prefecto.
Agregó que si bien la municipalidad no tiene ninguna responsabilidad por ley sobre el tema, la normativa sí indica que deben brindar una cooperación para la seguridad.
"Una forma de cooperar podría ser que contraten a lo menos un funcionario si queremos hacer más eficiente el sistema de televigilancia. Ello, independiente de los esfuerzos que estamos haciendo como institución para aumentar la dotación", explicó Castillo.
Y añadió que en la mayoría de las comunas donde existen comisarías con centros de monitoreo están trabajando con gente contratada por las municipalidades, "es mucho mejor tener los carabineros en la calle que realizando labores que puede hacer un civil", dijo.
Gustavo Salvo señaló que está en conocimiento de la situación pero que depende del poder central, por lo cual están en espera.