En los próximos días haremos un análisis exhaustivo del contenido del proyecto de ley de reforma tributaria, de manera de formarnos una convicción sobre si contiene los elementos necesarios para allegar más ingresos al fisco sin afectar la capacidad de crecimiento de la economía, la creación de empleo y el ahorro, tal como lo ha señalado la autoridad en los últimos días.

Ahora bien, desde el punto de vista sectorial, nos preocupa el efecto que la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la vivienda tendrá en las familias que aspiran a adquirir una casa o departamento cuyo costo de construcción fluctúe entre las 2.000 UF y las 4.500 UF, segmento que, de acuerdo a lo señalado, perdería este beneficio.

Estimamos que para estas viviendas el costo de construcción aumentará entre 6% y 8% y que es muy probable que éste sea traspasado íntegramente al precio final de los inmuebles.

No hay que olvidar que esta medida se sumaría a otras situaciones que han afectado el costo directo de la construcción, como la falta de terrenos, el aumento de las remuneraciones de los trabajadores del sector y nuevas normativas técnicas, todo lo cual presiona al alza el precio de las viviendas y dificulta el acceso a ellas.

Para evitar que se produzca este efecto perjudicial en las familias, hemos propuesto desde hace años que la compra de una vivienda sea considerada una inversión -y no un gasto- y que, por lo mismo, el IVA sea devuelto íntegramente a los nuevos propietarios, sin que las inmobiliarias se vean involucradas en esta intermediación.

A nuestro juicio, ello es completamente razonable si se piensa que en Chile la vivienda es el mayor componente de la riqueza familiar y constituye la principal garantía de los créditos otorgados por el sistema financiero.

Y que desde el punto de vista del Servicio de Impuestos Internos, su vida útil fluctúa en torno a los 45 años.

Presidente Cámara Chilena de la Construcción sede Osorno

Visiones muy distintas están comenzando a quedar en evidencia en el tema educacional. Se trata de cuestiones de fondo que aseguran una larga polémica. El debate por los cambios en la educación recién comienza, como para adelantar proyectos definitivos desde el Gobierno, pero ya existe cierta inquietud, sobre todo después de las declaraciones del ministro Nicolás Eyzaguirre, quien adelantó que el primer paquete de medidas sería enviado antes del 21 de mayo.

Eyzaguirre -en una entrevista televisiva- entregó las primeras señales por donde pasarán estas transformaciones, como el fin al lucro, al copago y la selección de alumnos, aunque no ahondó en las medidas concretas. Esto puso en alerta, sobre todo, a organizaciones o personas naturales que actúan de sostenedores.

El tema de las universidades, se da por descontado que seguirá en largas conversaciones, pero en algún momento el Gobierno explicará las medidas del fin al lucro y aquellos planteles que comenzarán a aplicar este concepto, aunque las estatales quieren que estos cambios empiecen por sus organizaciones. Sin embargo, el ministro adelantó: "para que tengan financiamiento público, deben tener al menos un 20% de la matrícula en estudiantes que vengan del primer o segundo quintil".

Sin embargo, el tema más complejo está en la educación básica y media. Aparte del fortalecimiento al sistema público, a través de la desmunicipalización, el secretario de Estado espera que la "gente vuelva a confiar en la enseñanza del Estado".

Terminar con el copago, aquellos recursos que entrega el Estado por alumno matriculado en colegios subvencionados, significará que estos establecimientos tengan que redefinir sus objetivos, lo que sin duda, impactará a las familias que eligieron que sus hijos tengan otra opción de enseñanza.

Las palabras del ministro no quedaron en el aire y el propio cardenal Ricardo Ezzati contestó que "la gratuidad (en la educación) puede aparecer como una cosa excelente, pero eso conduce a que el Estado sea dueño de la educación". El debate recién comienza y distintas visiones ideológicas están en colisión.