Esta práctica no es nueva en el país y se sustenta en la debilidad normativa y los problemas en la fiscalización.
Una comisión especial de diputados investigó recientemente esta práctica, sin embargo, no se ha avanzado en la aplicación de las medidas sugeridas.
Las denuncias sobre la extracción ilegal de áridos desde el río Rahue dan cuenta de una temática hasta ahora poco conocida a nivel local, pero que en otros puntos del país ya había generado un amplio debate.
Prueba de ello es que el año 2012 se formó en la Cámara de Diputados una comisión investigadora que se encargó de analizar este tema, instancia que elaboró un acabado informe que entrega luces sobre una práctica facilitada por debilidades normativas e institucionales que claramente se han observado también en nuestra comuna.
En esa línea, y basándose en casos registrados en la zona central y del norte grande del país, la comisión constató evidentes deficiencias en el proceso de fiscalización de las irregularidades, por lo que en su informe final al Congreso sugirió mejorar la coordinación entre los organismos involucrados en el otorgamiento de permisos e inspecciones, es decir la Dirección de Obras Hidráulicas, las municipalidades y el Ministerio de Medio Ambiente, éste último para los casos de extracción industrial.
Asimismo, planteó que resultaba necesario separar las funciones de supervigilancia y recaudación, ya que los municipios son los encargados de fiscalizar y, a la vez, otorgar los permisos, cobrando aranceles por ello.
Adicionalmente, en relación a la extracción ilegal de áridos se constató que las multas que aplican los municipios son muy bajas. Por ello, lo que ha ocurrido en otras regiones es que las empresas extractoras, cuando son sorprendidas trabajando sin las autorizaciones técnicas (Dirección de Obras Hidráulicas) y administrativas (municipio), prefieren pagar dichas multas para seguir extrayendo. En casos extremos, incluso, cambian de razón social para continuar faenas extractivas.
La comisión parlamentaria consideró que la reiteración de este tipo de actos son hechos de la mayor gravedad, por lo que se sugirió aumentar las sanciones a través de un proyecto de ley. Al respecto, estimó que la cuantía de las penas debe ser acorde al perjuicio ocasionado y al beneficio o lucro obtenido irregularmente, incluyendo la prisión para casos graves y reiterados.
Lamentablemente lo que ocurre en Osorno actualmente refleja que a pesar del acertado diagnóstico, no se ha avanzado en la aplicación de las medidas sugeridas para evitar que estas prácticas ilegales se repitan en el país.