Brigada de Medio Ambiente investiga muerte de terneros en predio agrícola
Victoria Guerrero Cárdenas
Tras la recepción de fotografías que daban cuenta de terneros muertos y otros moribundos tirados en fosos y encerrados en corrales de los predios agrícolas que conforman la Hacienda Coihueco (Ex Hacienda Rupanco) controlada por la firma neocelandesa Manuka, la Fiscalía de Río Negro apoyada por la Brigada Investigadora de Delitos Medio Ambientales (Bidema) de la Policía de Investigaciones de Valdivia, abrió una investigación por presunto maltrato animal.
La fiscal jefe de Río Negro, Leyla Chahín, explicó que a raíz de estos antecedentes visuales se solicitó una orden para visitar el predio agrícola con el propósito de corroborar si se utilizaban ciertas prácticas de maltrato para eliminar terneros machos durante la época de pariciones.
De acuerdo a la abogada, hay antecedentes que dan cuenta de diversas formas de acabar con su vida, ya sea dejándolos de alimentar, por degollamiento o golpeándolos con la herramienta denominada combo, relató.
Luego de recibir una autorización del Juzgado de Garantía de Río Negro, este viernes la fiscal visitó el predio con personal policial con el propósito de buscar elementos de prueba.
"Lamentablemente, en atención a que la denuncia nos llegó en diciembre y las pariciones son hasta octubre, no encontramos cadáveres frescos como para poder hacer la necropsia correspondiente, pero sí hallamos otro tipo de documentación", comentó la abogada Leyla Chahín.
Parte de los antecedentes encontrados dan cuenta que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Los Lagos estaba al tanto de la situación, sin embargo, Fiscalía no tenía conocimiento del sumario emitido en agosto del año pasado.
En aquella ocasión, el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura sancionó a la empresa por una suma de 25 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, poco más de un millón de pesos.
Las razones de la multa responden básicamente a faltas relacionadas a la aplicación de soluciones eutanásicas realizada por personal no veterinario; por no cerciorarse de que efectivamente los terneros estuvieran muertos al momento de tirarlos en las zanjas; y por el manejo sanitario de las zanjas, las cuales, según Chahín, hasta agosto del año pasado eran dejadas a la intemperie sin ningún tipo de manejo.
En ese sentido, y a modo de corroboración, "visitamos diversos potreros en donde se apreciaban estos pozos tapados cubiertos por tierra y ajustándose a lo que se habían comprometido con el SAG", detalló la abogada.
Sin embargo, señaló que como no tuvieron acceso a los cadáveres frescos, que sí se aprecian en las fotografías que están contenidas en el informe del SAG, perdieron una oportunidad de haber obtenido pruebas útiles para determinar si la causa de muerte de esos terneros eran producto de la aplicación de la forma eutanásica u otro método relacionada a la investigación, es decir, maltrato. "Es lamentable que el SAG no nos haya informado esta situación a tiempo", remarcó.
Esta investigación no tiene plazos, ni judicializaciones pendientes. "Se trata de un investigación por maltrato animal, delito que está sancionado por el Código Penal con penas que van desde una multa hasta los tres años de presidio menor en su grado medio", detalló.
La duración de la investigación dependerá de la colaboración de las personas que trabajan en la hacienda. "Hasta el momento aún no se han tomado declaraciones, porque nadie ha estado muy dispuesto a cooperar", comentó Chahín.
Si bien son cerca de 35 los trabajadores que efectuaron labores durante esta temporada, no todos siguen trabajando allí, por ende se llamarán a declarar a cerca de 20 personas que estuvieron algún tipo de relación con la muerte de los animales.
Ante esta situación, el diputado socialista Fidel Espinoza, repudió el hecho, aludiendo a que no sólo afecta a animales, sino que también a los trabajadores. Según dijo, éstos "sufren un grave daño sicológico porque tienen que cumplir las órdenes que se les imparte desde la gerencia", enfatizó.
Esta situación la denunció ante la Cámara de Diputados, ya que según él, se trata de una situación constitutiva de delito de maltrato animal.
El Austral intentó obtener una respuesta de la firma Manuka, sin embargo su gerente, Juan Carlos Petersen se encuentra fuera del país.
"Visitamos diversos potreros en donde se apreciaban estos pozos tapados cubiertos por tierra y ajustándose a lo que se habían comprometido con el SAG".
Leyla Chahín
Fiscal jefe de Río Negro