A casi 72 horas de haber ocurrido el ataque con arma blanca que afectó a un joven trabajador de la empresa Watt"s, quien recibió ocho puñaladas en distintas parte de su cuerpo, una de las cuales le perforó uno de sus pulmones, la Fiscalía Local recién se enteró del hecho, lo que provocó una abierta crítica por parte de la fiscal en jefe María Angélica de Miguel.

La agresión ocurrió cerca de las 5 de la madrugada del sábado 31 de agosto, en las cercanías de avenida Portales, donde Vicente Pañifilio Imilmaqui (24 años) había ido en compañía de unos amigos a distintos locales nocturnos.

Sin embargo, la víctima en un momento se separó de grupo, siendo encontrado 40 minutos más tarde por sus amigos en avenida Mackenna, cerca del monolito de los derechos humanos.

Allí, Pañifilio estaba botado y con sus ropas ensangrentadas, con claros signos de haber sufrido un ataque con un cuchillo u otro elemento cortopunzante.

no hubo comunicación

Pese a la gravedad de la situación, los funcionarios de la Primera Comisaría no informaron del hecho al fiscal del turno, aunque sí lo hicieron a la pareja del hombre, Nicole Leal (23 años), a quien le avisaron de manera personal en su domicilio ubicado en Rahue Bajo.

"Llegaron cerca de la 8 de la mañana para contarme lo que le había pasado a Vicente y que necesitaban mi autorización para operarlo", contó la mujer.

Horas más tarde, en el mismo Hospital San José, le entregaron la ropa de su pareja.

Para la fiscal en jefe María Angélica de Miguel, lo que ocurrió fue grave, porque no hubo, por ejemplo, resguardo de la evidencia ni aviso alguno al Ministerio Público ante un hecho criminal que mantuvo en riesgo vital a una persona.

"Hay un fiscal de turno para que se le comuniquen procedimientos de relevancia, como una persona que se encuentra con lesiones graves, botada en la calle, y más aún, cuando esas lesiones son de arma blanca. Eso no ocurrió y supimos antes de ayer (el martes) cuando llegó el parte", comentó la abogada.

La persecutora agregó que luego se enteraron por los familiares que la víctima también había sufrido un robo.

Con estos antecedentes se ordenó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) se haga cargo de la investigación, aunque según destacó De Miguel, ya la indagación, en este caso, comienza de una manera poco rigurosa, debido al tiempo transcurrido y a la alteración de los protocolos.

Debido a ello hoy sostendrá una reunión con el alto mando de la Prefectura de Carabineros, para analizar este tema y el caso donde un juez de garantía determinó ilegal la detención de cuatro personas provenientes de Puerto Montt, sospechosas de intentar robar un establecimiento comercial en la zona céntrica. Ello, luego que se determinara que carabineros tampoco informó a la fiscalía de los pasos que realizó para la aprehensión de estos hombres. Aquí, incluso un policía le arrebató un celular al conductor de un taxi de turismo, haciéndose pasar por éste cuando uno de los supuestos ladrones llamó.

"Estamos investigando qué pasó en este procedimiento. Se le debe comunicar al fiscal cuando se realizan diligencias que no corresponden a las autónomas que lleva adelante la policía", dijo la fiscal en jefe.

Se entregó el lunes

Consultado sobre el malestar del Ministerio Público, el comandante de Carabineros, Rodrigo Medina, comentó que la Fiscalía está en todo su derecho de hacer lo que estime conveniente.

Asimismo, precisó que en el caso del ataque con arma blanca, recién el lunes se tuvo la claridad de la identidad de la víctima y ese día la Fiscalía recibió el parte, donde también se consignaba la declaración de un amigo de la persona agredida.

El alto oficial precisó que en el caso de la detención ilegal, es problema de la Justicia si deja en libertad o no a personas que estaban en una "morada ajena".

"Nosotros nos podremos equivocar en tomar algunos procedimientos, pero el Ministerio Público tiene las herramientas para subsanar aquellas observaciones", apuntó el oficial.

Por su parte, la defensora pública Soledad Llorente sostuvo que Carabineros se extralimitó en el caso de la detención ilegal, lo que fue remarcado por el tribunal.